Guatemala tiene hoy la oportunidad de remontar la podredumbre de sus instituciones de gobierno (y el desafío de liquidar a quienes, desde lo público y desde lo privado, tienen secuestrado el sistema), para lo cual no basta ni con la venia de la Embajada ni con el auxilio diligente de la CICIG.

Muy necesarios podrán ser ambos espaldarazos, sí, pero es a nosotros los ciudadanos a quienes atañe la decisiva responsabilidad de intentar, por una vez en nuestra historia, ponernos de acuerdo en el tipo de proyecto de nación que queremos fundar de cara al futuro.

Algunos, los más intrépidos, aspiramos a transformaciones radicales y profundas en aras de salvar a la humanidad del capitalismo. Con toda franqueza, dudo que algo así logre cuajar en el seno de una sociedad tan, pero tan conservadora.

Habrá, entonces, que templar las ansias y limitarse –peor es nada– a salvar al capitalismo de sí mismo; es decir, a evitar que la bestia, en su gula infinita, siga devorándolo todo a su paso. Impedir su canibalización. Ponerle límites. Hacerlo sustentable en el tiempo.

La clave está en internalizar eso que los economistas denominan externalidades, haciendo referencia a aquellos efectos (usualmente nocivos) derivados de un emprendimiento que suelen mañosamente quedar fuera del cálculo de costos y cuyos ‘daños colaterales’ (la muerte de civiles en un ataque militar, pongo por caso) absorbe, sin más, la sociedad.

¿Qué tan rentables serían las industrias del licor y del azúcar si asumieran el impacto de contaminar la costa sur?

¿Cuánto pagará Olmeca por el desastre que provocó en el río La Pasión?

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