Jueves 19 DE Septiembre DE 2019
Cartas

La ley no tiene efectos retroactivos

Fecha de publicación: 07-10-17

Salvador Francisco Ramírez Leal / DPI 1756 09942 0101

Hago relación a la noticia publicada el día martes 3 de octubre en la página 8 de la edición impresa y la edición digital de elPeriódico, en vista de que la misma contiene seria faltas a la verdad.

Relacionan mal intencionadamente mi caso del año de 1999 con temas actuales de corrupción; manipulando la información y dando a entender que en los procesos de licitación pública, en que la entidad Dragados y Construcciones, S.A. ha participado ha sido en forma anómala, ya que según elPeriódico, estos eventos públicos estarían vedados a nuestra participación por la Ley de Contrataciones de Estado la cual fue modificada y publicada en enero del año 2016.

No es aplicable en este caso a la entidad Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima, debido a que el caso aún no ha concluido y porque la ley no tiene efectos retroactivos. Es falso que haya sentencia firme condenatoria en contra de Salvador Francisco Ramírez Leal, pues el proceso judicial continúa y en el cual aún faltan instancias para que el proceso penal concluya. Por lo tanto, al no haber sentencia firme no hay nada que limite mis derechos civiles o los mercantiles de Dragados y Construcciones, S.A.

En la noticia de marras hay más incongruencias: Dejé de ser representante legal de Dragados y Construcciones, S.A. el día 21 de enero de 2016.

El monto que reclamaba la SAT son Q300,000.00 no la cantidad que maliciosa y tendenciosamente ustedes manifiestan en la publicación que es por más del doble.

El monto objeto de reclamo fue debidamente pagado a la SAT, por lo que nunca hubo menoscabo o detrimento fiscal. Adicionalmente nos acogimos a la última exoneración de multas y recargos decretada por el gobierno en el presente año con el objeto de no tener ninguna obligación fiscal pendiente con la SAT por las operaciones mercantiles en los 27 años de existir la empresa.

El juicio No. C-25-2002 es derivado de una auditoría de la SAT del año 2001 sobre IVA de los meses de julio y agosto 1999. Absolutamente nada que ver con los acontecimientos actuales que ustedes pretenden hacer creer, y sobre todo aprovechando la coyuntura política actual del combate a la criminalidad (corrupción). Corrupción (crimen).

El proceso penal al que hace referencia en su publicación, lleva litigándose más de 15 años, por no haber estado, yo en lo personal de acuerdo en la forma de actuar de la SAT en esos momentos, y tampoco accedimos a lo que solicitaban en esos momentos del 2001 para clausurar la auditoría.

La sentencia absolutoria de este juicio fue emitida el día veintidós (22) de junio del 2009 por el juzgado Séptimo (7o.) de instancia penal. (copia disponible a requerimiento).

Dicho fallo absolutorio fue confirmado por la sala tercera de la corte de apelaciones del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente el 1 de septiembre del 2009.

El Ministerio Público y la SAT apelan el fallo en recurso de casación No. 512-2009 y logran una sentencia indefinida en fecha 23 de septiembre del 2010 y le solicitan a juez séptimo que amplíe su sentencia.

Con fecha 28 de septiembre del año 2012 en audiencia para dictar y ampliar nuevamente la sentencia, La CICIG (sin tener legitimidad para estar presente en este caso) presiona al juez para que modifique su sentencia anterior y que mi caso sea llevado a Juicio oral, sentencia que efectivamente fue modificada y emitida en esa oportunidad.

Con fecha 17 de mayo de año 2013 se da inicio a la acusación y el Ministerio Público y la SAT modifica la acusación adicionando 1 supuesto delito que no fue manifestado en la denuncia original y que es el que se está litigando.

El Proceso 01079-2002-00025 (16-2016) continúa derivado de la apelación interpuesta por mi persona el 11 de agosto del 2017, y la cual esperamos sea resuelta favorablemente como las primeras sentencias que se obtuvieron en el año 2009.