Miércoles 15 Marzo 2017
Cartas

La debida interpretación jurídica del Convenio 169


Jorge Mario Castillo González / DPI 1611 08040 0901

El Convenio 169 es una ley de la República, vigente y de acatamiento obligatorio, con las características de una Ley Reglamentaria. El Congreso carece de competencia para reglamentarla. Las leyes reglamentarias, en general, suprimen la facultad del Presidente de la República de ejercer la función reglamentaria. El reglamento solicitado es jurídicamente improcedente.

El Convenio 169 en el Artículo 15 establece la consulta a los pueblos indígenas y por extensión a los pueblos campesinos o “ladinizados” siempre que sean perjudicados o salgan dañados por los proyectos agrícolas, mineros o de infraestructura en bienes de su propiedad o posesión, o de propiedad del Estado. La consulta no tiene por qué ser reglamentada, sencillamente se convoca a la población para manifestar su voluntad libre y sin presiones, de viva voz o por escrito, dejando constancia por medio de acta notarial. No existe razón para complicar la consulta con una amañada reglamentación, excepto que se tenga la finalidad de explotar los recursos naturales sin asumir responsabilidades.

El Convenio 169 es claro. La oposición de los pueblos debe dar lugar a su participación en las ganancias, la cual debe sujetarse a negociación. Aparte, los daños inevitables deben ser indemnizados por el propietario. Mucho se argumenta sobre reglamentar las consultas y deliberadamente se omite el tema de la negociación de las ganancias y de la indemnización de los daños.

La Corte de Constitucionalidad dictó resoluciones inobjetables suspendiendo la ejecución de algunos proyectos que se ejecutan sin previa consulta. Estas resoluciones no causan la supresión de las inversiones privadas. Se dictaron cuando existen proyectos en ejecución o en plena producción, cuando existe conflictividad entre las poblaciones y los propietarios, cuando las autoridades han perdido la imparcialidad ubicándose en defensa de los propietarios nacionales y extranjeros, cuando hay dirigentes de las protestas muertos y encarcelados, cuando la sequía y la apropiación ilegal del agua propiedad del Estado ha causado hambre y enfermedades. Las resoluciones de la Corte, sin embargo, no obstaculizan una solución legal razonable: negociar las ganancias y pagar indemnización por los daños.

Entregar dinero a las autoridades gubernativas y municipales y a los dirigentes de algunos pueblos es fomentar la corrupción. Pavimentar un camino, construir una escuela o un centro de salud o cualquier obra pública no suprime la negociación y la indemnización.

Salta la vista que es necesario humanizarse para ser justos y que es más necesario acatar los procedimientos establecidos en el Convenio 169 para establecer la seguridad jurídica y la vigencia de los derechos humanos.

*Abogado y Notario postgrado en Derecho Administrativo.