Viernes 18 DE Octubre DE 2019
Cartas

José Maynor Palacios Guerra

Fecha de publicación: 14-11-15
Por: Cofundador de SIGMAcorp

Valoro que se haya publicado este lunes en tu emblemático medio, en un marco de formalidad noticiosa, la investigación a la que me referiré con brevedad, relacionada con la empresa que contribuí a fundar en 1980: Sigma Constructores, S.A.

La introducción en mayúsculas de tu artículo recrea un escenario del que es imperativo deslindarse porque, como me enseñaste en tu casa de El Jiote, y que aplica para algunos: la verdad no existe sino solo las percepciones. Por ello ruego que se publique la presente.

Para compartirte mis puntos de vista, desde que elPeriódico hizo las primeras publicaciones en el primer trimestre de 2013, te solicité una reunión que, infortunadamente, no se dio. Por ello resulta evidente que nunca te hice ningún comentario sobre presidentes o ministros y tal vez podrías, por lo menos, concederme el beneficio de la duda en el sentido de que tampoco lo hice con alguien más.

No es difícil encontrar en el reportaje el “aprecio del bueno” hacia mí a que haces referencia porque, al igual que en estudios como el del reconocido periodista español Asier Andrés de la Revista Contrapoder, es notorio el esfuerzo por un análisis de gran calado en búsqueda de la precisión informativa.

Aunque comprensible por la complejidad del asunto, también es fácil encontrar afirmaciones que no se corresponden con la verdad y en tu artículo se hacen afirmaciones que sí que son rumores que te han sorprendido, como el de los militares fundadores o el de las supervisoras; el de soler prodigar bienes raíces o tener el monopolio de las rutas de oriente, cuando ante los ojos de todos las más importantes carreteras de esa zona, la CA9, CA10, CA12 y CA13 están a cargo de distintos contratistas. Tales rumores se originan en sectores dedicados al deporte nacional de la descalificación, porque tu lucha es genuina, lo cual explica el recíproco aprecio del bueno, y no le aplica lo señalado en el ámbito Chomsky/Kiyosaki en el sentido de que los medios no tienen el afán de informar, sino solo de perfilar la opinión pública según la agenda del poder corporativo que ha sido dominante.

Como bien lo has dicho, la Ley de 1,980 permitía que el Estado aumentara el valor de los contratos de obra pública sin restricciones de ninguna naturaleza. Y los contratos objeto de análisis se fundamentaron en esa Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento que mencionas, antes de la derogatoria de las normas que así lo permitían, y no en normas de baja categoría como resoluciones ministeriales. Los Acuerdos Ministeriales, esos sí, como lo manda la ley, han servido para dar vida jurídica a los contratos suscritos con base en aquella ley y sobre cuya legalidad, la de los contratos, como también has dicho, se han producido dictámenes favorables del CIV y de la Contraloría General de Cuentas y, agrego, con la aprobación oportuna de la Procuraduría General de la Nación.

Un ejercicio muy revelador para el país sería que una entidad prestigiosa, como Acción Ciudadana, hiciese un análisis de cuáles son los procesos de licitación celebrados mediante concursos públicos y con celoso apego a todo lo normado por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en los últimos veinticinco años. Y valorar el resultado de ese estudio vis a vis con la conducta, que sí empresarial, apegada a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento en materia de contratos ampliatorios y, además, conducta aquella limitada a contratar solo con la entidad del CIV de reconocidos procedimientos e institucionalidad, construidos desde principios del siglo pasado:

La Dirección General de Caminos.

El incumplimiento casi permanente de las obligaciones de pago a los contratistas, durante la casi totalidad de los gobiernos, ha generado proyectos suspendidos en todo el país, que no solo pierden continuidad en su construcción sino abandono de las tareas de mantenimiento. Es este incumplimiento y no estrategia deliberada, alarde de corrupción o maniobra de perversión alguna, el que activa obligaciones del contratante establecidas en las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes que son parte de todos los contratos de todos los contratistas, en los propios contratos y en la ley. Agravado ese incumplimiento porque hoy día la Ley Orgánica del Presupuesto considera ilegal el pago de cualquier obra incluido el mantenimiento, que no sean respaldados con la correspondiente Constancia de Disponibilidad Presupuestaria. Imputarle responsabilidad a los contratistas por este desenlace no se sostiene.

El préstamo al que haces referencia fue solicitado por el Ministerio de Finanzas después de que, no sin dificultades por las manifiestas gestiones de terceros interesados, se concretara la comprensión del CIV en el sentido de que se trataba de un proyecto que ya tenía suscrito un contrato, compromiso de Estado; necesario decir que no se asignó un contrato “a dedo” sino que se direccionó un financiamiento hacia un contrato preexistente. De hecho la redacción del Decreto del Congreso de la República que has cuestionado, es casi idéntica a la de otros Decretos que, también, definen al contratista.

Ya se dijo en el entorno de Voltaire y yo hago la paráfrasis: Como lo hice antes y aunque no comparta todo lo que digas, defenderé tu derecho a decirlo. El respeto al Estado de Derecho es la única puerta, cuando el único camino son los intereses de la Nación.