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Investigación

Los millones que recibieron por pago las empresas cooptadoras en 2016

Pese a estar vinculadas al financiamiento electoral ilícito del Partido Patriota y estar en medio de una investigación sobre la forma en la que obtuvieron los contratos adjudicados, varias de las empresas señaladas en el caso “Cooptación del Estado”, han recibido pagos durante el gobierno de Jimmy Morales sin que se cuestione la legalidad de estos contratos investigados por las autoridades.

 

 

Foto: archivo elPeriòdico

El juicio del caso Cooptación del Estado actualmente se encuentra detenido por distintos amparos.


En Puerto Quetzal y en el Puerto Santo Tomás de Castilla todo continúa igual. Las empresas cuestionadas, debido a que sus accionistas y representantes legales fueron acusados de haber participado en la estructura de corrupción del Partido Patriota, siguen operando normalmente y reciben sus pagos mes a mes como proveedoras y prestadoras de servicios de las portuarias.

Para las entidades del gobierno del presidente Jimmy Morales, las investigaciones por el caso Cooptación del Estado en donde decenas de empresas constructoras y sus propietarios o representantes fueron señaladas de pagar millonarias comisiones al binomio presidencial del Partido Patriota, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti a cambio de obtener contratos, además de financiar de manera ilícita la campaña electoral de estos para después favorecerse con millonarias adjudicaciones, parecen ser ajenas ya que durante  la actual  gestión gubernamental han pagado puntualmente a varias de las empresas señaladas en el caso.

Empresas vinculadas a Raúl Osoy Penados así como a los Fuchos (los hermanos Carlos y Jorge Ruiz) prófugos de la justicia por el mismo caso, no han dejado de recibir de forma puntual los pagos por parte de las empresas portuarias y del Ministerio de Comunicaciones.

Grupo Motley, así como Consultora y Constructora Bea son dos de las empresas en donde tanto los Fuchos como Raúl Osoy mantenían el control, según las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

A estas, declaró el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, Baldetti pidió que se les arreglara los concursos para que fueran adjudicadas; además, estos negocios eran parte de un “proyecto de jubilación”, que tenían Pérez, Baldetti y Monzón, los cuales trascenderían su gobierno y continuarían recibiendo comisiones derivadas de dichos contratos más allá de su gestión.

Cada mes, durante el presente año, el Grupo Motley –que se benefició con un contrato por Q52.2 millones para instalar un sistema de videoseguridad, acceso y control biométricto en el Puerto Santo Tomás de Castilla– ha recibido de forma puntual los pagos por Q435 mil mensuales, esta es la compañía que según Monzón pertenecía a los Fuchos y con la cual  tanto él como Pérez Molina y Baldetti recibirían comisión durante los próximos diez años.

Consultora y Constructora Bea, que se benefició de un contrato por diez años estimado en al menos Q32 millones para prestar el servicio  de básculas en Puerto Santo Tomás de Castilla, además de varios contratos en el Ministerio de Comunicaciones (CIV), también ha recibido pagos mensuales en la portuaria entre Q699 mil y Q921 mil; además, Caminos le canceló varios pagos atrasados por la supervisión de obras por montos de entre Q129 mil y Q237 mil.

Q51 millones para HW Contractors

Otra de las empresas favorecidas con pagos por el actual gobierno y que está vinculada al caso Cooptación del Estado es HW Contractors, S.A.; su representante legal fue acusado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de financiamiento electoral ilícito y el juez Miguel Ángel Gálvez lo ligó a proceso.

La empresa recibió, solo el pasado 30 de noviembre, Q51 millones 628 mil por pagos pendientes de diferentes tramos ejecutados durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

Nueva compra para “el Run Run”

Otra empresa beneficiada con compras por las portuarias es Proyecto e Importaciones de Guatemala, S. A. (Proimgua);  su representante legal es Juan Carlos Salguero Barrientos, amigo de Juan Carlos Monzón, y quien operó durante el gobierno  Patriota en ambos puertos, recibió una nueva adjudicación con el actual gobierno en la Empresa Portuaria Quetzal.

Esta le adjudicó la compra de “grilletes” para el mantenimiento preventivo el pasado 13 de mayo por un total de Q81 mil 850. Salguero Barrientos, representante legal de Proyectos e Importaciones, fue ligado a proceso por cohecho activo, ya que, según las autoridades, este pagaba una comisión a Monzón a cambio de ser favorecido con las adjudicaciones.

En los documentos incautados a Monzón y entregados por su contador, este aparecía como Run Run, que era el apodo por el que lo llamaba el exsecretario privado de la vicepresidenta Baldetti.

Otros pagos

Grupo Escorpión –propiedad del ex subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administración y de Seguridad (SAAS) durante el gobierno de Otto Pérez, Miguel Ángel Martínez y señalado también de pagar comisiones para recibir contratos– recibió tres pagos este año por Q180 mil por el servicio de seguridad en una Secretaría y las instalaciones deportivas del Ministerio de Cultura y Deportes.

Martínez también fue vinculado al caso de Cooptación por el delito de cohecho activo. En los documentos incautados a Monzón y entregados por el contador de este, los pagos de coimas aparecían como “escorpión”, en referencia a la empresa de su propiedad.

Q64

Millones  se pagaroneste año a las empresas señaladas del Estado.


Investigación [email protected]

2016-12-11

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    Mario Perez

    2016-12-11 11:32:11

    Señores, perdones pero detrás de todo y de todos los del gobierno de Jimmy Morales también son parte de la corrupción, ya lo han demostrado los tribunales pero en Guatemala nos hacemos los locos y punto. Señores ya no se puede, estamos en lo mismo y con los mismos.

    Javier Gonazalez

    2016-12-12 12:01:12

    Media vez no exista una sentencia firme en contra de cualquier empresa por cualquier hecho delíctivo, es obligación del Estado cancelar cualquier tipo de contratación que tenga con la empresa o persona que tenga un contrato firmado; si no realiza el pago el Estado, lo mas seguro es que sea demandada la institución que se niega a cancelar los trabajos efectuados; y después será sancionado el funcionario por "incumplimiento de deberes".- La "OLA POPULISTA DE LOS "DIZQUE" INCORRUPTIBLES QUIEREN CONTINUARLA EN GUATEMALA.-

    Sergio

    2016-12-12 09:40:08

    No estoy a favor de la corrupción, pero me pongo ha pensar si yo hago un favor a alguien porque es mi amigo, amiga eso es corrupción si eso es así entonces todos habríamos cometido corrupción de alguna manera, es difícil esta situación porque desde mi punto de vista se esta haciendo algo sobre la corrupción sin embargo, esta perjudicando muchas cosas a miles de personas, ejemplo las carreteras que se han dejado de construir o repararla no dañado mucha gente, los lugares donde se paro la construcción de carreteras llevan un año con el gran polvo, enfermedades hacia los niños, los vehículos se arruinan, pero decimos que se paro la corrupción. Es muy complejo este problema, porque se trata de arreglar una cosa pero se perjudica en otra.

    JUAN FRANCISCO

    2016-12-12 11:29:42

    Qué asco de justicia, dónde esta la persecución penal en contra del empresariado del cacif ? no. ellos no verdad, que sigan las luces campero y el árbol gallo y el aceite de palma, la impoluta banca, la cementera, etccc
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