Presos políticos

No se trata -ahora- de una política de Estado.

Helmer Velásquez

Tradicionalmente el Estado guatemalteco se ha preciado de no tener en sus ergástulos prisioneros devenidos de hechos políticos o comunes conexos. Así durante los 36 años de conflicto armado, –este estatus jurídico fue excepcional–, la categoría simplemente nunca se reconoció, la estrategia de la dictadura militar se basó en “desaparecer o asesinar de manera abierta” a los “enemigos” del régimen, definición que operaba para designar a opositores políticos, alzados –o no– en armas. Llegada la democracia formal, se mantuvo la práctica del secuestro y el asesinato político, en realidad llega hasta nuestros días, en menor magnitud y bajo otras modalidades. Ya sea ejecutada por fuerzas irregulares o “guardias” privados dependientes de intereses políticos, empresariales, o mafiosos. Bajo argumentos, de “defensa” de la propiedad privada o libertad de inversión. No se trata –ahora– de una política de Estado, sin embargo, este es responsable por no detenerla

La cuestión ha variado; es obvio, pero aún, estamos lejos de que Guatemala sea un Estado democrático “vivible”; sin sobresaltos, para la dirigencia, social y popular. Pues bien, en este entorno círculos de administradores del Estado y grupos empresariales radicales, han emprendido una verdadera cruzada en contra de la dirigencia indígena y campesina, urdiendo con el apoyo de sectores reaccionarios del gremio de los abogados, la construcción de casos penales, en contra de aquellos. De esa. Así encontramos los casos de: Ramiro Choc, agrarista y primer preso político del siglo XXI, campesinos q’eqchi’ miembros de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), encarcelados por reivindicar derechos históricos sobre sus tierras, en Alta y Baja Verapaz, los pobladores kaqchikeles, de San Juan Sacatepéquez y los capturados en mayo corriente: pobladores q’anjob’ales del municipio de Barillas, en Huehuetenango.

Para el “sistema de justicia” se trata de delincuentes comunes, obvian sin embargo, que por la naturaleza de la acusación y el origen de los delitos señalados, estamos frente a delitos políticos y en su caso comunes conexos. Terrorismo y sedición son delitos claramente políticos. Siendo esta la naturaleza delictiva argumentada por el Estado, es hora de que instancias internacionales, particularmente el Comité Internacional de la Cruz Roja intervengan en el asunto.

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2 comentarios:

juan fratti: (2012-08-23 15:41:16 horas)

El problema, es la enorme asimetría, entre los que tienen los medios económicos, y políticos (estamos hablando de poder real), para comprar, coaccionar, sobornar, amenazar,jueces, fiscales, PNC, gobernadores, etc...amén que muchas de esas autoridades, se han convertido de una u otra forma en terratenientes....es CUANDO LA JUSTICIA O SU APLICACIÓN CONCRETA Y DIARIA, SE PONE EN TELA DE JUICIO....Además, la legislación de CUALQUIER PAÍS CIVILIZADO, contiene principios sobre el USO PROPORCIONAL Y MEDIDO DE LA FUERZA, tanto entre particulares o individuos, cómo entre gobernantes y de alguna forma subordinados...no estamos hablando en Guate, de hechos legales sobre la base de la paridad (peers), establecido por la ley de los comunes (common law), que inspira el derecho inglés desde sus inicios, sino de personas que NO POSEEN LA CALIDAD DE CIUDADANOS, O BIEN LO SON DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA, PORQUE NO TIENEN LOS MEDIOS PECUNARIOS NECESARIOS, PARA PAGARSE UN BUEN ABOGADO...cómo lo tendrían gente como el ex-presidente Portillo, de gente que estan encausados, porque en un momento determinado, invadieron un terreno, que de la noche a la mañana, aparece COMPLETAMETE LEGALIZADO en el registro de la propiedad....llegaron grupos antimotines, con todo el lujo de fuerza, en la obscuridad de la noche, efectuaron un desalojo, en el que incluso un ciudadano de segunda o tercera, murió desangrado internamente, porque las fuerzas de "seguridad" no permitieron su traslado a un hospital o centro de salud, cómo que si alguien que está moribundo se pudiera escapar....vamos señores, no sean MANIQUEOS, SI VAN A EXPRESAR ESA DOBLE MORAL, digan, si NO NOS IMPORTA LO QUE LES PASE, PUES NO SON DE NUESTRA CLASE, O DE NUESTRO GRUPO RACIAL, pero por favor NO SEAN HIPÓCRITAS.
Ing. Carlos E. Hernandez B.: (2012-08-23 07:56:14 horas)

Por supuesto que son delicuentes, no necesariamente comunes, pero siguen siendo delicuentes. El actuar de cada persona esta justificado por la propia persona. Esto significa que lo que hacen los mareros esta justificado por y para ellos mismos. ¿Justificara entonces el actuar de las maras?. Definitivamente NO. La comparacion hace reflexionar que NO EXISTE justificacion alguna, en algun lugar o algun tiempo para romper la ley.

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