Vinicio Cerezo
Presidente de la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana. Mandatario guatemalteco (1986-1991)
Beatriz Colmenares
A las voces que se han pronunciado acerca de la reforma política se suma hoy la de un expresidente, para quien es fundamental que los partidos dejen de depender de los poderes económicos del país.
¿Debe ser la forma cómo se financian las campañas y los partidos el punto central de discusión?
– Definitivamente. El sistema político se deterioró por un asunto no previsto con claridad al retomarse el proceso democrático: que los partidos mantuvieran su autonomía respecto de los grupos económicos. Recuerdo que, siendo presidente, me preguntaron sobre cuánto poder creía tener, y fue casi un escándalo internacional cuando contesté que, con suerte, el 33 por ciento.
El 66 por ciento restante lo compartía con otros sectores.
– Sí. En ese momento mencioné al Ejército, que pesaba muchísimo; a la Embajada de Estados Unidos; a la prensa y al poder económico. Sin embargo, no nos percatábamos de la enorme influencia que habría de tener este último. Con el paso del tiempo, las campañas se volvieron mediáticas y los costos se elevaron. Como el Estado no financia estos gastos, los partidos recurrieron a los grupos económicos poderosos que, a su vez, empezaron por apostar a quién apoyar. Poco a poco, se desvirtuó el proceso político.
¿De qué manera?
– Cuando se invierte en uno u otro candidato se acuerdan negocios con el Estado para recuperar el financiamiento. Además, se ha propiciado la corrupción, el mayor cáncer que afecta a las democracias en América Latina en donde el Estado no financia a los partidos.
¿Si se transforma la forma en cómo se financian los partidos se combatiría la corrupción?
– En parte. Pero, en primer lugar, al hacer cambios se garantiza que los partidos contraigan obligaciones. No puede darse financiamiento sin contrapartidas. Para obtener estos fondos, basta con establecer impuestos dirigidos a la reforma política, como se ha hecho ya con éxito en el pasado. Por mencionarle un caso, Banrural, cuyo capital semilla fue un pequeño tributo específico. O, en otro ámbito, el Irtra, una institución exitosa y útil para toda la sociedad. ¿Por qué no hacerlo con los partidos, si son la base y el espíritu fundamental de la democracia? A lo que añado esto: desde 1993, Guatemala está bajo el control de los intereses de grupos económicos.
¿Qué papel, si alguno, deberían jugar las contribuciones privadas?
– Pueden aceptarse, siempre y cuando se establezcan controles y limitaciones. Y para evitar cualquier trasgresión, abordarse bajo las mismas reglas que aplican al lavado del dinero. Lo ideal es que los aportes sean en especie, por ser más fáciles de controlar.
¿Aprobarían los parlamentarios reformas que vulneran sus intereses?
– Una cosa es discutir sobre financiamiento de partidos; otra, las limitaciones que podrían establecerse, por ejemplo, a la reelección, la cual, a mi juicio, debería existir. Si la reforma se concentra en quitarles derechos a los parlamentarios se obstaculiza su aprobación.
¿Es necesario reducir el número de diputados?
– Todos lo exigen; es una especie de vindicta pública y es correcto discutirlo, aunque lo que tiene que hacerse es cambiar las cifras de representatividad. En un país de 20 millones de habitantes, si no se establece una cifra mínima y una máxima podríamos tener un Congreso inmanejable.
¿Es conveniente que se elijan diputados en una fecha distinta al Presidente?
– Es una buena idea para evitar que sean arrastrados por la fórmula presidencial. Pero este tema no es fundamental cuando hablamos de reformar el Estado.
¿Cuál sí?
– Garantizar la representatividad. Es un lugar común, pero las mujeres representan al 50 por ciento de la población y es ilógico que no tengan un espacio garantizado en el Congreso.
Entonces, usted simpatiza con las cuotas.
– Las acciones afirmativas son absolutamente necesarias. España es un buen ejemplo de cómo están representadas las diversas naciones en el Parlamento. El mecanismo debe garantizar la presencia de las etnias. Disminuir demasiado el número de congresistas sería contraproducente en este sentido.
¿Qué piensa de que los delitos electorales queden tipificados en el Código Penal?
– Es importante establecer la diferencia entre delitos y faltas electorales. El financiamiento de grupos criminales cabría en lo primero; retirar una pancarta, en lo segundo.
¿Es necesario convocar a una Asamblea Nacional Constituyente?
– Depende de las reformas que deseen hacerse. En mi opinión, después de 25 años de ejercicio de una Constitución, esta debe revisarse, ya que tiene limitaciones.
¿Es este el momento adecuado?
– Sin la presencia de un liderazgo que la proponga, nunca habrá una coyuntura ideal. Y si el presidente Pérez Molina tiene ese ímpetu, el reto para los partidos es esforzarse en proponer un gran acuerdo nacional para que la Constitución dé un paso adelante en el tema social y económico; así como para que se recuperen algunas facultades estatales que se perdieron en 1993.
¿Cómo cuáles?
– Esta le molestará a algunas personas de tendencia neoliberal, pero es importante que el Banco de Guatemala pueda prestarle dinero al Estado y hacer equipo con las demás instituciones financieras del Gobierno. Con la política actual se encarecen los intereses. Este tema y otros deben abrirse a discusiones profundas, sin miedo y sin banderas partidarias.
¿De qué manera fortalecer los cuadros que se integran a los partidos?
– Si el Estado los financia, su obligación sería dedicarse a preparar cuadros por medio de la formación política, la escuela de gobierno y la organización en el interior del país para motivar la participación. Si las reglas del juego fueran claras, más guatemaltecos estarían interesados en adherirse a partidos en los cuales pudieran sumarse a la dirigencia, o buscar una curul o alcaldía, sin someterse a acuerdos vergonzosos.
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