El elefante se puede comer, pero por pedacitos. Ahora que el presidente Otto Pérez ha puesto sobre la mesa la cuestión de la “reforma del Estado”, empieza a reanimarse un debate postergado desde los Acuerdos de Paz.
Pero los puntos de abordaje cambiaron. La Constitución de 1985 buscó superar el régimen autoritario protegiendo al habitante de los abusos del Estado; configuró un Estado semicorporativo (comisiones de postulación, juntas directivas) y le dio muchos deberes sociales, pero le restó poder tributario y coercitivo. Las reformas constitucionales de 1994, avaladas por menos del 20 por ciento de la ciudadanía, no cercaron financieramente.
Las reformas fallidas de los Acuerdos de Paz en 1999 proponían un Estado “moderno” en el paradigma del Consenso de Washington (1989). Pero, sin tocar la Constitución y bajo una dudosa legalidad, en el período 1996-2000 se desmanteló la red social del Estado en el territorio, se privatizaron los activos estratégicos, se degradó el servicio público, se multiplicaron las ventanillas de clientelismo y se edificó la arquitectura paralela que procesa el 40 por ciento del gasto público.
La crisis de estatalidad se asocia con esos problemas de la administración pública, pues es esta la cara directa que ven los habitantes día a día: corrupción, ineficacia, malos servicios, ausencia, etcétera. Ya no queda nicho en la administración pública libre de la influencia de redes de corrupción y, en ciertas áreas clave, hasta criminales. Verdaderas mafias. Han invadido el aparato público, y quienes les resisten internamente son aislados y hasta “pasados” por la “ley” y la deshonra.
Ahí está centralmente el problema, pues daña la legitimidad y autoridad del Estado, y se convierte en factor multiplicador (mal ejemplo) en todas las relaciones sociales, incluyendo, decididamente, los negocios. Ahora, para enfrentar esa amenaza no hace falta, a mi manera de ver, tocar la Constitución, sino cumplirla. Ordenando la administración pública y dándole racionalidad de Estado, esto es, eliminando la estructura paralela de gasto, generando un nuevo tejido estatal a partir de la carrera del servidor público y normativas y procesos de compras y contrataciones eficientes.
Por ahí podríamos comenzar a comernos al elefante, y apurarnos a cumplir la Constitución (más de 20 leyes de rango constitucional omisas, incluyendo la Ley de Orden Público); centrar la reforma de la Ley Electoral en el control de financiamiento de campañas, y reformar a la Constitución con una visión estratégica de edificación del Estado del siglo XXI. Solo hasta en esa etapa cabe una Asamblea Constituyente. Esto es, terminar de comernos al elefante. Ni atragantarnos ni dejarnos aplastar.
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