Ante la decisión del Gobierno de retomar la reforma del Estado en función de fortalecer las instituciones y dar respuesta a las demandas de la población en los planos de justicia, seguridad, desarrollo económico y progreso social, algunos diputados han comenzado a decir que lo que se pretende es la depuración del Congreso, al igual que la que se llevó a cabo en 1994, en el marco de una reforma constitucional (que dio por terminados el período y funciones de los congresistas), cuyo detonante fue el “autogolpe de Estado” del 25 de mayo de 1993, protagonizado por Jorge Serrano (1991-1993).
Cabe recordar que el autogolpe de Serrano ocurrió en un momento de una tremenda descomposición política en el país. La clase política prácticamente se había convertido en una plaga que estaba posada sobre el sector público. En el Congreso imperaba la grotesca “trinca infernal”, conformada por las bancadas de la UCN, la DCG y del MAS, dedicada a los más ruines, oscuros y escandalosos negocios. Además, la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial se habían politizado hasta los cimientos, al punto que operaban como una mera maquinaria político-electoral.
Aquel precedente ha dado pie a que cada vez que se menciona reforma constitucional, algunos diputados invoquen el “fantasma de la depuración” y que expresen miedo a que se den por terminados su período y funciones. Casualmente, los más temerosos siempre resultan ser los menos idóneos.
En el Congreso obran varios anteproyectos tendientes a reformar el Estado, no solamente de reforma constitucional, cuya finalidad es el fortalecimiento de las instituciones democráticas y no la depuración del Congreso, por lo que el miedo a esta posibilidad no tiene justificación.
La última vez que se intentó reformar la Constitución fue durante el régimen de Álvaro Arzú (1996-2000), a raíz de los Acuerdos de Paz. La iniciativa fracasó debido a que el régimen incorporó al proyecto de reforma constitucional disposiciones cuyo fin era la concentración de poder, la restricción de la libertad de prensa, así como afianzar el centralismo, la discrecionalidad y el secreto.
El régimen de Óscar Berger (2004-8) también se planteó la reforma del Estado, pero se arrepintió. Durante el régimen de Álvaro Colom (2008-2012) más bien hubo involución. Hasta el proceso de modernización del sector público se detuvo (se suprimió Copre). Todo fue informalidad, clientelismo, farsa, simulación, corrupción y debilitamiento institucional.
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