Pendiente y urgente

El ingreso en territorios foráneos implica hoy optar por el riesgo extremo, ante la criminalidad exacerbada, los innumerables requisitos y la decisión subjetiva de burócratas que tienen la última palabra para acceder o denegar una visa. 

Los países más desarrollados ofrecían una tremenda ventaja comparativa por sus niveles de productividad y la creciente demanda que abría espacios a los centroamericanos. Pero las condiciones cambian. Se reducen las plazas laborales por las crisis financieras, se endurecen las leyes que criminalizan faltas administrativas y amenazan a las empresas que previamente daban trabajo a los inmigrantes y se acentúa la xenofobia.

Por ello, la recién formalizada Asociación Pro Migrantes Centroamericanos (AMI), presidida por Karen Fischer, se propone impulsar y contribuir en apoyo de esas poblaciones en el ámbito interno como en el internacional. 

Internamente enfocando una labor informativa que provea elementos de juicio objetivos a los jóvenes guatemaltecos y centroamericanos que cruzan el territorio nacional en su paso hacia el norte, ilustrando sobre los costos y riesgos crecientes al aventurarse en un viaje que puede convertirse en una muerte inesperada y paralelamente, promover los mecanismos internos para facilitar la regularización de los centroamericanos en Guatemala.

Externamente, son numerosos los esfuerzos que en la última década se han venido implementando, pero la carencia de recursos financieros obliga a priorizar áreas específicas de apoyo, como es la creación de nuevos consulados, la emisión de pasaportes y tarjetas consulares y la organización de los consulados móviles, entre otros.

Por ello, es importante coadyuvar en el cabildeo para paliar la vulnerabilidad de nuestros compatriotas que estarían en mejores condiciones si EE.UU. aprobara el TPS para el país y si tuvieran más acceso a la asesoría legal. 

Pero hay otro problema serio que Guatemala debe resolver: me refiero al Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), creado formalmente mediante Decreto 46/2007 a iniciativa de la Comisión del Migrante que tomó la idea que se había originado en el grupo multidisciplinario que desde 2004 coordinaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la propuesta de crear una institución que atendiera el tema de los migrantes de manera integral.

El problema de la ley aprobada fue el acomodo de un proyecto que originalmente era incluyente de distintas instituciones y numerosas organizaciones de migrantes, desvirtuando los consensos que se habían logrado alcanzar. 

Concebida como nueva fuente de poder por el Legislativo, el órgano fue contaminado por la politización, los intereses de grupo y la marginación hacia las organizaciones de migrantes en las decisiones de la entidad. De allí la pertinencia de la solicitud de la Fundación para la Paz y el Desarrollo para que se reforme el Decreto 46/2007.

Hoy vemos que, a cuatro años de su creación, el incumplimiento del Congreso en el relevo de autoridades de la Secretaría del Consejo al haberse omitido someter a los cinco aspirantes mejor calificados y escogidos por la Comisión al conocimiento y votación del pleno, quienes hoy se ven burlados en su buena fe. 

De allí la importancia de la nota enviada a ese Organismo por el canciller Harold Caballeros (5/3/12), pidiendo se proceda a elegir a los nuevos funcionarios, ya que estos meses de irregularidad limitan el desempeño óptimo para el fortalecimiento de los programas que por razón de competencia, deben ser ejecutados por la Cancillería, así como a la propia Conamigua. Urge avanzar en este tema.

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