La instauración del Estado de Sitio en Santa Cruz Barillas no puede aislarse del proyecto energético Hidro Santa Cruz.
Santa Cruz Barillas vive desde hace 10 días en un Estado de Sitio. Esta medida ha supuesto la presencia de 600 elementos del Ejército y Policía Nacional Civil (PNC), la captura de 17 personas y el allanamiento de más de 20 hogares. Dos hechos lo desencadenaron: el asesinato del vecino y la consiguiente invasión del destacamento militar. Las versiones sobre lo sucedido son casi tantas como los 415 kilómetros que separan a esta ciudad fronteriza de la capital.
“Hemos identificado a 100 personas involucradas, que intentan favorecer al narcotráfico y al crimen organizado”, dijo el presidente Otto Pérez el 3 de mayo, en una de sus primeras declaraciones al respecto. Los vecinos de las comunidades piden al Presidente ubicar dónde tienen “las toneladas de droga”. Al tiempo que, según una versión compartida por los comunitarios, el Estado de Sitio “estaba planeado” y es “un favor” del Gobierno a la española Hidro Santa Cruz.
El Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, reconoció que la hidroeléctrica les había pedido apoyo en varias ocasiones, pero indicó que la instauración del Estado de Excepción no tiene “ninguna relación” . “El problema es que la manifestación se fue a los extremos. El extremo fue haber invadido el destacamento y agredido a los soldados”, dijo.
“Existe un alto riesgo de conflicto, debido a la pasividad y la falta de protección existente, ante la sensación de impunidad que perciben los habitantes, ante la ausencia de reacción y respuesta, puede que un día de estos suceda una desgracia”, señala un informe de la hidroeléctrica.
Y volvieron los españoles
En 2007, Luís Castro Valdivia, empresario de proyectos energéticos de Galicia, España, llegó a Guatemala interesado en construir una hidroeléctrica en Santa Cruz Barillas. Para ello, compró terrenos a 12 propietarios en una ubicación cercana a la finca de café Las Nubes, y reunió 22 manzanas, que comprenden la catarata del río Cambalam, a partir de la cual se generarán 4.9 megavatios.
“Todos los terrenos que necesitamos para el proyecto los tenemos desde 2009. Después hicimos toda la tramitación: en el Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Carreteras, INAB… lo tenemos todo”, explicó Fernando Rodríguez Alonso, mandatario general con poder de representación de Hidro Santa Cruz.
Pero la hidroeléctrica no contaba con algo. La defensa de las comunidades de la “propiedad ancestral”. “Esto fue revelado por nuestros abuelos, nosotros estamos defendiendo a la madre Naturaleza. La gente ya está sabida del calentamiento global por las empresas trasnacionales”, indicó un líder del cantón Recreo B que no quiso identificarse. Este explicó sobre la procedencia Kanjobal de las comunidades. “Nosotros siempre vamos a proteger lo que Dios nos dejó”, indicó un miembro de Santa Rosa. “Si algún día tenemos hidroeléctrica, que sea para nuestro beneficio”, agregó Graciela Serrano, del casco urbano.
Así comenzó un enfrentamiento violento entre las aldeas aledañas al proyecto y la hidroeléctrica, con diferentes atentados hacia las propiedades de la empresa y sus empleados, cuyas pérdidas se estiman en Q30 millones. Desde entonces, Hidro Santa Cruz ha interpuesto 4 denuncias. En la primera fue girada una orden de captura contra Artemio Rubén Herrera Herrera, a quien señalan como líder de los disturbios. De las demás denuncias se desprendieron 23 órdenes de captura.
Las comunidades, por su parte, indican que no se respetó la consulta comunitaria de 2007, avalada por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Agregan que el proyecto los ha dividido y que en abril identificaron minas en los accesos a las instalaciones. También creen que no se trata de una hidroeléctrica sino de una mina de oro. “Si me perdona la expresión, es un río de caca, ahí no pasa casi agua”, dijo un vecino. El ministro de Energía y Minas, Erick Archila, aseguró que no se ha solicitado ninguna licencia de extracción minera.
Los hechos que desencadenaron la tragedia
El 1 de mayo, poco después de las doce del mediodía, la campana de la iglesia del cantón Recreo B comenzó a sonar de forma inusual. “A mí me extrañó bastante. Como nosotros estamos organizados, para cualquier cosa tocan la campana. Salimos a ver lo que sucedía y nos enteramos del asesinato. Entonces fuimos a la escena del crimen,”, explica un líder del Recreo.
Además de la muerte de Andrés Pedro Miguel (Recreo A), quien dejó huérfano a un bebé recién nacido y otros cuatro más; fueron heridos de bala Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé Mateo, líderes de Recreo B.
Pablo indicó que los responsables fueron un representante de la hidroeléctrica, “alto”, y su guardia de seguridad “bajito”, quien disparó. La versión de la hidroeléctrica, según un documento, señala que las tres víctimas “bebieron en un lugar de la feria, tuvieron un altercado con personas desconocidas quienes los siguieron y atacaron”. Según un líder que no quiso identificase, varios vecinos tenían ubicado el carro de la empresa desde hacía horas y querían retener a los empleados.
A las siete de la noche, según los vecinos –cuatro de la tarde, según MP– llegó el auxiliar fiscal de Santa Eulalia, Armando Villatoro, acompañado de dos técnicos. Según informó Javier Monterroso, secretario de la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, los tres funcionarios fueron retenidos por los pobladores. “No les permitieron fotografiar la escena del crimen, tampoco hacer el examen forense al cuerpo, que se lo llevaron para enterrarlo, ni recabar las pruebas necesarias. Estuvieron retenidos hasta las once de la noche”, dijo.
Poco a poco fueron uniéndose más personas, que al calor de los sucesos bajaron al casco urbano, donde se adhirió gente que estaba festejando la feria. Según el informe circunstancial del MP, la turba llegó al hotel La Estancia donde se hospedan empleados de Hidro Santa Cruz y destruyeron las instalaciones. También destrozaron la casa de un propietario que vendió su terreno y se desplazaron al destacamento militar. Allí fue herido el castrense Walter Héctor Velásquez Godínez y otros dos militares y los pobladores robaron armamento.
La respuesta del Estado
Ese mismo día en la noche, el Ministro de Gobernación decretó el Estado de Sitio y efectivos de la PNC y Ejército fueron desplazados a Barillas, además de una comisión del MP de Huehuetenango. En los 4 días siguientes fueron capturadas 17 personas: 10 por los altercados del 1 de mayo, 5 por atentados previos a la hidroeléctrica y dos por trata de personas. También fueron allanadas 20 viviendas en el Recreo B, San Carlos y Santa Rosa.
Las órdenes de captura han hecho que cerca de 25 familias se hayan refugiado en las montañas. Mientras que la presencia del Ejército hace recordar al conflicto armado. Propietarios de viviendas allanadas denunciaron el robo de dinero, acoso sexual y hostigamiento a los niños para averiguar el paradero de sus padres. “Me capturaron y me sacaron una foto”, indicó un vecino. “Destrozaron toda la casa y se llevaron Q600”, añadió otra.
El esclarecimiento del crimen, a cargo de la Fiscalía de Santa Eulalia, todavía no obtuvo resultados. Cinco días después de la balacera no había tomado declaración a Pablo Antonio Pablo. Monterroso (MP) indicó que este caso fue trasladado a la fiscalía de Quetzaltenango.
En cuanto al futuro de Barillas, López Bonilla informó que contemplan incrementar la seguridad en el municipio, que cuenta además con otros problemas derivados de su posición fronteriza con México. “Tenemos que garantizar que quede un esquema mínimo de protección. Los principales líderes están con orden de captura y muchos huyeron a las montañas”, agregó. “Cuando termine el Estado de Sitio, los pocos líderes que no fueron capturados o que no escaparon seguiremos reuniéndonos y manifestándonos de forma pacífica”, indicó un líder del Recreo B.
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