En la consulta participaron pobladores de 29 comunidades que rechazaron los proyectos.
La zona fronteriza de Huehuetenango es una de las mejor organizadas, en términos de agrupaciones de pueblos indígenas que pueden movilizar decenas de miles de personas. El 23 de junio de 2007, 46 mil 490 personas, residentes de Santa Cruz Barillas, participaron en una consulta popular en la que la mayoría, salvo 9, se pronunciaron en contra de la minería.
Dos años más tarde, cuando el consorcio formado entre las empresas Desarrollo Eléctrico Centroamericano y la compañía española Ecoener empezó el proceso de medición y adquisición de terrenos para construir la planta de generación hidroeléctrica Hidro Santa Cruz en Poza Verde, Barillas, las comunidades del área hablaron de la necesidad de realizar una nueva consulta popular. Entre el inicio de las mediciones, en febrero de 2009 y la realización de la consulta transcurrieron 5 meses, plenos de incidentes entre los comunitarios y los trabajadores de la empresa. En la consulta, realizada el 27 de julio del año pasado participaron pobladores de 29 comunidades del área, que rechazaron la construcción de proyectos en San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas. Y para que no quedara duda de su oposición, el 16 de noviembre paralizaron los cinco accesos a Santa Cruz Barillas para refrendar su postura.
Lo acontecido el pasado martes arrastra, entonces, una conflictividad no resuelta, que se ha ido intensificando a lo largo de 5 años, durante los cuales ni el Gobierno ni las empresas desarrolladoras de proyectos mineros y de generación eléctrica se han tomado la molestia de acercarse a las comunidades y escucharlas.
Las vísperas de la feria patronal de la Santa Cruz, en Barillas, con su cauda de alcoholismo ceremonial, seguramente contribuyeron a que la ira de la población por la muerte de uno de los suyos alcanzara esos niveles de violencia. Es ejemplar, desde todo punto de vista, la forma como el oficial y los soldados del destacamento se inhibieron de disparar en contra de quienes los agredieron y allanaron las instalaciones militares. Como me dijo un funcionario internacional de derechos humanos, esa actitud evitó un nuevo Xamán.
El Ministro de Gobernación es un experto en mediación y resolución de conflictos, muy conocedor de la compleja cultura del país. Esto debiera permitirle diseñar acciones creativas, más allá del modelo de represión permanente que exige la derecha conservadora, para desactivar esa bomba de tiempo. Ojalá haga uso de esa experiencia en Barillas y en los 60 municipios donde la minería y las hidroeléctricas mantienen en estado de crispación a las comunidades.
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