Fieles a la recomendación del presidente Alfonso Portillo, todos sus sucesores se inclinan por el reparto de fertilizantes entre campesinos.
Desde que el gobierno de Arzú desmanteló el sector público agrícola, una administración tras otra ha preferido, en lugar de fortalecer las capacidades del Estado para fomentar la producción y la asistencia técnica a quien lo requiera y de la manera que al país más le convenga, entregar una cuota mínima de abonos químicos. Nadie entra a considerar la dependencia forzada de estos elementos o a discutir como alternativa la recuperación y conservación de suelos de manera orgánica, ni el daño que las derivas de los fertilizantes causan en los cuerpos de agua.
Increíble pero cierto, en tiempos de aquellos gobiernos militares, había mayor convicción del papel que el Estado debía jugar en el favorecimiento de la producción agropecuaria. Entonces se concebían proyectos nacionales para irrigar extensas zonas parceladas o se asistía de manera técnica a los campesinos. Ahora se tiene más en cuenta a los grandes proveedores comerciales, se les pone a disposición una cuota de nombramientos de funcionarios y otra cuota del presupuesto nacional.
Desde Portillo para acá a todos los gobiernos se les ha vuelto el tema de los fertilizantes un motivo de crítica y suspicacia por corrupción, tráfico de influencias, clientelismo en dos vías y porque, siendo una operación a escala nacional, suele poner en evidencia la (falta de) pericia administrativa de quien gobierna. En este renglón último, el gobierno de Otto Pérez Molina recién se hace acreedor a la medalla del más chambón de todos.
Un diputado de reciente estreno, Hugo Morán del PAN, ha puesto en solfa a los expertos cuadros del Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonades, a cargo de la compra del fertilizante) al subrayar la inconsistencia de la adjudicación con el monto presupuestado para ese fin. A los encargados se les pasó la mano al adjudicar Q18 millones más de lo que tenían para gastar. Y ante la evidencia, a toda prisa el viernes último decidieron anular la adjudicación. Dejaron sin efecto el proceso que ya era motivo de dudas por el súbito encarecimiento del producto y empezaron una extraña negociación con los proveedores. Les piden que reduzcan el precio de su fertilizante o bien, sugieren la necesidad de reducir el volumen de compra para hacer coincidir el presupuesto con lo adquirido. Con esos retruécanos el Gobierno confía lograr el reparto del fertilizante antes que se establezca la temporada de lluvias, su objetivo clientelar fundamental, pero solo un miope puede no ver que hay suficientes razones de sospecha para abortar por completo el procedimiento.
¿Cómo confiar en la idoneidad de una compra si a última hora se le suplica al proveedor ya adjudicado que baje un poquito sus precios? Con esos funcionarios, Pérez Molina no necesita opositores que abonen a las sospechas sobre su gestión.
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