Adultos de la tercera edad denunciaron que fueron desalojados por la PNC y la SAAS. El Gobierno niega la acción, pero cierra las calles con antimotines.
Francisco Trujillo tiene 81 años, a causa de su edad le cuesta escuchar cuando le hablan. Sin embargo, no pasó desapercibido para sus oídos el ruido metálico de las bases de los toldos que tiraban con fuerza los picops de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).
Eran las tres y media de la madrugada, cuando los huéspedes de los asilos Dulce Refugio fueron desalojados de las afueras de la Casa Presidencial. La confusión invadió a Francisco, quien observó desde su silla cómo llegaron las patrullas de la PNC y vehículos de la seguridad presidencial.
El callejón quedó rodeado y él, al igual que sus compañeros salió a empujones del lugar, donde recién se instalaban para pernoctar y continuar con la manifestación que suspendieron por el feriado de la Semana Santa.
Amarilis Roque, representante legal de la organización, intentó evitar que los echaran, pero el oficial a cargo del operativo no la escuchó. En medio del frío y la oscuridad de la madrugada se quedaron sin nada. Los policías se llevaron las colchonetas, alguna ropa y sillas.
“Tenemos videos y fotos del desalojo brutal que hicieron a los abuelitos”, comentó Roque. Los adultos de la tercera edad viajaron desde Dolores, Petén, y Jalapa, para exigir al Gobierno Q18 millones de presupuesto para financiar los 13 hogares distribuidos en 9 departamentos del país. Cantidad que les quitó el Congreso por supuestas “anomalías” en el manejo de los fondos.
Roque explicó que el dinero sería entregado en marzo, según lo acordaron con el exministro Francisco Arredondo y el ex viceministro Víctor Mejía, ambos de la cartera de Salud.
Los remite al Congreso
El presidente Otto Pérez dijo que no tiene información del desalojo ni que los adultos mayores llegaran de nuevo afuera de la Casa Presidencial. “Ellos ya estuvieron aquí y les hicimos una propuesta con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y el Procurador para que entiendan cómo se puede tratar el caso”, dijo.
La propuesta del mandatario fue que los asilos sean administrados por Desarrollo Social. “Si ellos no aceptan eso, es la única salida que tenemos disponible en este momento. Si no, los invitamos como les dijimos esa vez, a que vayan al Congreso y allí pidan presupuesto para esa fundación”, señaló Pérez.
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