Asamblea Nacional Constituyente

6 comentarios:

1. César Leonel Mejía Rodríguez: (2012-04-17 22:47:32 horas)
   Licenciado Acisclo Valladares: La Constitución, como usted sabe, es la Ley fundamental del Estado, de la República y de la Nación. En ella se regulan los derechos y obligaciones de los ciudadanos, así como la administración del Estado. Pactos sociales pueden haber varios, pero deben enmarcarse dentro de la ley fundamental. Si no fuera así, gobernaría un pacto o pactos de delincuentes. Aunque han habido delincuentes en el gobierno, pero esa es otra historia. La Constitución de 1985 es legítima y en términos generales una buena Constitución. Pero generalmente muy irrespetada por los propios grupos de poder, que no quieren enmarcarse en sus mandatos, al menos, en lo que no les conviene a sus oscuros intereses. Ellos piensan que la ley es para cualquiera, menos para ellos. Y los grupos de poder, sean quienes fueren, tienen que aprender a respetar la Constitución de la República. La Constitución de 1985 ha sido sometida a dos consultas populares de reforma, pero solo la de 1994 se concretó. La de 1999, que iba a dar cabida a los Acuerdos de Paz, fracasó porque, para variar, se quiso imponer muchas más reformas de las necesarias. Fue algo confuso y que no tenía que hacerse, por eso fracasó. Sólo eran 12 o 13 reformas, pero plantearon más de 50. Y así definitivamente se desnaturalizó el contenido de los Acuerdos de Paz. Quizá nos salvamos de que nos metieran una gran goleada los politiqueros que gobernaron con Álvaro Arzú. Personalmente, en esa época era estudiante de Ciencia Política, y aunque en principio estaba de acuerdo, finalmente terminé rechazando las 50 reformas porque se percibió que no era lo que se debía reformar. Se plantearon reformas que no venían al caso, y por eso, era mejor rechazarlas. Después, principalmente en el gobierno de Óscar Berger, se tuvo la intención de retomar en esas reformas, pero finalmente quedó engavetado. El Ex vicepresidente Eduardo Stein intentó impulsar una reforma constitucional en 2010 con el apoyo de la CICIG, pero también fue algo no muy claro, era evidente que tenía intereses oscuros. Y para plantear parches constitucionales, mejor quedémonos como estamos. Sin embargo, la Constitución quizá a estas alturas, cuando ya estamos a poco tiempo de que cumpla 30 años, creo que sí necesita una revisión. En la parte dogmática, donde se habla de los principios y los derechos humanos, creo que esa debe quedarse igual. A lo sumo, desarrollar mejor en la ley ordinaria lo concerniente a los derechos individuales, sociales y económicos. Pero el texto constitucional en su parte dogmática debe quedarse igual. En donde sí hay que hacer una reforma importante es en su parte orgánica. La razón: el Estado de Guatemala, como se organiza actualmente, ya no responde a las necesidades más vitales de la sociedad. El Estado debe fortalecerse y hacerse eficiente institucionalmente, algo que ahora está muy lejos en todos los órdenes. Y eso necesariamente provoca conflictividad e inestabilidad política. Porque el pueblo y el ciudadano común, al ver que no se resuelven sus problemas básicos, entonces pierde confianza y credibilidad, lo cual daña la percepción ciudadana y tiene incidencias en la legitimidad gubernamental. El fin primordial del Estado es el bien común. Y ese bien común debe perseguir la preservación en el mejor estado posible, de la comunidad nacional. Si eso no se llega a cumplir en un mediano nivel, se puede considerar como un Estado fracasado. Y eso es lo que nos ha ocurrido en los últimos años, donde el Estado no ha contado con lo necesario para trabajar. Se ve en la policía, en el sistema de justicia, en el Ministerio Público, en los hospitales, en las escuelas, en las oficinas públicas, etc. Y eso sí tiene que ser reorganizado, porque el modelo actual se concibió pensando como era en los años 70 y 80, pero ahora ya tenemos 30 ó 40 años más. Los problemas y las necesidades se han diversificado, los desafíos son mayores y ese modelo de organización estatal ya no responde a las necesidades actuales. Por esto, y por la miopía de las élites gobernantes, es que desde el año 2010 hemos llegado a estar cerca del colapso. Pero una reforma constitucional ahora, tiene que hacerse como repito, solamente en la parte orgánica, donde se regula la organización del Estado. Sin embargo, dada la complejidad de los temas estatales que ahora se enfrentan, sería mejor que la reforma constitucional fuera por etapas. En la primera etapa, se tiene que ver lo que más nos afecta actualmente: el sistema de justicia y el sistema de seguridad pública. Esta primera etapa de reformas constitucionales tendrían que realizarse en los próximos 5 años. Tiene que establecerse como base de la seguridad y justicia, la carrera profesional en ambos sectores. Ya no más improvisaciones ni nombramientos a dedo. Quienes accedan a ser jueces, fiscales y policías tienen que hacer carrera en las instituciones, y eso va desde los puestos más bajos hasta los más altos. Si se sigue con el modelo actual, seguirá la corrupción galopante. Hay que apartar definitivamente de los nombramientos de las más altas autoridades judiciales y policiales a los politicos. Que todo se dé por meritocracia, y que en todo caso, el Congreso solamente le dé validez legal a los nombramientos de magistrados, fiscales y procuradores, pero que no tuvo nada que ver en la selección de éstos. Ya la CICIG propuso la creación del Consejo de la Judicatura. Ese es el camino a seguir para reformar el sistema de justicia y de seguridad. Y esta reforma es la más urgente, debe hacerse en el transcurso de esta década. Para una segunda etapa de reformas constitucionales, quizá esta se podría hacer dentro de 10 años, sería la forma de elegir al Congreso de la República. El sistema de listas nacionales o distritales, talvez no funciona del todo mal, pero también no siempre responde a los intereses del Estado y de la Nación. En este sentido, una reforma que permita postular candidatos a diputados a los Comités cívicos electorales. Así se rompe el monopolio corrupto de los partidos políticos. Los comités cívicos organizan corrientes de opinión ciudadana, pero generalmente no están muy comprometidos con grandes capitales tradicionales o mafiosos. Tienen la ventaja de ser de grupos de ciudadanos comunes, y representan mejor el sentir del ciudadanos promedio. Si se permite a los comités cívicos postular candidatos a diputados, habría un Congreso más representativo de los intereses ciudadanos. Otro asunto aquí, es que si se sigue con el sistema de listas, es que éstas no sean cerradas. Que el votante pueda elegir personalmente a su candidato en una lista partidaria o de comité cívico. Esto rompería el círculo vicioso de que quienes dan más dinero, tienen los primeros puestos de una lista, y por lo tanto, son elegidos como diputados. Estas reformas se pueden implementar, y seguramente se obtendría un Congreso Nacional mucho más representativo del pueblo que en la actualidad. Y esto no es simplemente reducir a dos diputados por departamento como dicen muchos ingenuos. Incluso puede mantenerse el mismo número actual de diputados o los que corresponde según la cantidad de población, pero definitivamente serán mucho más representativos. Con esto se apuesta a mejorar la representatividad de los diputados con el pueblo y se fomenta la responsabilidad de los diputados ante sus electores. Porque ahora nadie es responsable de nada. Y ahí se hacen los grandes y más oscuros negocios que a la larga perjudican a la nación. Esta segunda fase de reforma constitucional tocaría al Organismo Legislativo, se podría hacer dentro de diez o quince años. Y una tercera y última fase de reforma constitucional, tocaría al Organismo Ejecutivo. Esta tercera fase tendría que hacerse dentro de unos 20 años. Con la crisis actual que se vive en la institucionalidad pública, puede salirse avante con la reforma tributaria recién aprobada y con la aplicación de nuevos reglamentos y normas. Pero tenemos que entender que esto es provisional, no definitivo. Esta reforma constitucional del Organismo Ejecutivo tendría que realizarse hacia el año 2030. Primero, ampliar el período presidencial a 5 ó 6 años. Segundo, exigir constitucionalmente que todos los Ministros de Estado, Viceministros y Secretarios sean profesionales universitarios en sus carteras. Ya no aceptar que un albañil o mecánico sea ministro de finanzas, por ejemplo. O que un militar sea de educación. No, zapatero a su zapato. Porque ellos son los cuadros principales del Estado y del gobierno. Solamente el Presidente y Vicepresidente, por ser electos popularmente, quedarían fuera de esa exigencia. Pero debe ampliárseles el período a 5 ó 6 años. Otro aspecto importante, sería permitir las reelecciones presidenciales, si no se quiere que se abuse del ejercicio del cargo, bueno, que no sean reelecciones consecutivas. Un Presidente no podría presentarse a una reelección si está ejerciendo el cargo. Pero sí ya lo dejó, no tiene que tener impedimento para volver a participar. Esto permitiría fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos. Porque si se permite participar de nuevo, los liderazgos se mantendrán y eso fortalecerá las institucionalidades partidarias. Y si se fortalecen los partidos políticos, eso necesariamente ayudará a fortalecer al Estado. Eso es lo que se necesita y lo que conviene hacer. Y en general, las restricciones actuales tendrían que irse disminuyendo gradualmente. Las restricciones para los golpistas, prácticamente desaparecerán, porque el último que se postuló sin éxito fue Efraín Ríos Montt. Y ya sin Ríos Montt ni Mejía Víctores, los últimos golpistas conocidos, quienes ya están a pocos años de morir y que ya no participarán, prácticamente esa prohibición constitucional a los golpistas ya no tendría mayor sentido. De ahí, al único que podría aplicarle esa prohibición es a Jorge Serrano Elías y a su Vicepresidente Gustavo Espina Salguero, porque ellos sí cometieron un golpe de Estado. Y lo hicieron con la actual Constitución. Prácticamente ya solo a ellos les aplica esa normativa. Debe mantenerse la restricción a los militares en activo y a todas las fuerzas del Estado como la policía. Pero sí ellos causan baja en el Ejército o en la institución policial, después de 5 años pueden postularse. Igual tendría que ser en el caso de los religiosos. Pastores o sacerdotes tendrían restricción mientras ejerzan esas funciones. Pero si se dan de baja, pasados 5 años ya no tendrían que tenerla. Y en el caso de los familiares de los gobernantes, si no se quiere que abusen del cargo, que se postulen en la siguiente elección, como es en la actualidad. Pero la idea en todo caso, debe ser disminuir esas restricciones, que ahora son demasiado severas, y que impiden la institucionalización de los partidos políticos, y por ende, el fortalecimiento del Estado. Esa es la apuesta que hay que hacer con estos cambios. Esas restricciones respondieron quizá a su momento histórico, cuando se salieron de grandes dictaduras como lo fue la de Jorge Ubico o de las dictaduras militares de los años 70 y 80. Pero eso ya es algo que debe superarse en la actualidad. La idea es fortalecer el Estado y la institucionalidad. Y eso no se logrará mientras se mantengan los límites de otros tiempos. En cuanto al financiamiento de los partidos, su organización y el techo de gastos de campaña, eso debería quedar regulado en las reformas a la Ley Electoral que se están comenzando a discutir y a plantear ahora. En resumidas cuentas, la reforma constitucional en su parte orgánica es bastante grande en Guatemala. Han sido muchos años de clientelismo, corrupción, nepotismo, restricciones, anulación, ahogamiento del aparato estatal y falta de visión de Estado de las élites que nos han llevado hasta la situación que se dio en los últimos años. Una situación cercana al colapso estatal. Pero como los temas son tantos y tan grandes, no puede querer hacerse todo de un solo trámite. Hay que reformar la Constitución por etapas, en un período de 20 años. De ahora de 2012 hasta 2020, la reforma al sistema de justicia y de seguridad, que es lo más urgente. De 2021 a 2025 la reforma al Congreso de la República. Y desde 2030 a 2033 la reforma al Organismo Ejecutivo. Se tiene tiempo suficiente para discutir las reformas necesarias. Y lo más importante, no querer hacer cualquier cosa por salir del paso, ni mucho menos para redactar la Constitución a conveniencia de intereses ajenos a la nación. Si la reforma constitucional se plantea así fracasará. Si se busca mejorar las condiciones estatales para responder a la ciudadanía, entonces triunfará. Los intereses tradicionales tendrán su representación también, pero ya no pueden pretender abarcarlo todo. Deben comprender que la sociedad y el país cambió en los últimos 27 años. Guatemala hoy ya no es la misma de los años 70, 80 ó 90. Ya estamos en el siglo XXI. Las nuevas generaciones que hoy estamos entre los 18 y 40 años, tendremos un papel fundamental en Guatemala en los próximos 20, 30 o incluso 40 años. Y las viejas generaciones ya van de salida, las cosas ya no pueden ser como ellos las conocieron. Vivimos en un mundo totalmente distinto. Y Guatemala tiene que adaptarse a ese mundo, vivir y desarrollarse en él. La Guerra Fría y los prejuicios ideológicos ya fueron superados. Las ideologías siguen existiendo, pero ya no tendrán los mismos matices. Sin embargo, pareciera que muchos altos funcionarios públicos, representantes del sector privado, académicos, formadores de opinión y algunos líderes populares, quisieran mantenernos en una lógica ya superada ampliamente por la realidad. Pero la diferencia, es que ahora ya no seremos tan tolerantes con quienes cometan crímenes y delitos. La democracia iniciada en 1985 continuará, pero tendrá que cambiar su esencia y su carácter. Esa es la apuesta para que superemos los viejos problemas y nos embarquemos hacia el futuro. Un futuro que ya está muy cerca.
2. Juan Jose Robles: (2012-04-17 19:50:20 horas)
   Don Acisclo. El pacto de paz social que habia entre nosotros no solo se ha quebrantado. Se ha desmenuzado en pedacitos tan infitesimalmente insignificantes que ya no queda nada. Pero los culpables son precisamente los integrantes del congreso. Es por ello que a situaciones desesperadas solo se pueden aplicar remedios desesperados. El generoso pueblo de Guatemala ya no puede aguantar mas. Es absolutamente perentorio que, como usted dice, una constituyente derivada se tiene que convocar dentro del orden constitucional ya establecido. Muchas gracias por sus "insights" en este magnifico articulo.
3. César García Morán: (2012-04-17 14:41:50 horas)
   El establecer un ordenamiento jurídico nuevo, no implica el surgimiento de una constituyente originaria. Existe una única constitución originaria, la de Estados Unidos, las demás, todas, son derivadas, dígase lo que se diga. Una Asamblea Nacional Constituyente puede cambiar toda la constitución, pues sintetizan la voluntad del pueblo, su soberanía. Por eso es delicada su integración, no puede estar ocupada por animales ni ineptos o ineptos animales como el congreso. Que existen en Guatemala grandes profesionales que verdaderamente dan la talla: ¡Los hay! Dr. Mauro Chacón Corado, Dr. Ovidio Parra Vela, Lic. Ricardo Alvarado Sandoval, todos profesionales de excelencia.
4. Armando Cadenas: (2012-04-17 13:52:13 horas)
   Otra vez comentando algo de la Constitución del 45, eso ha hace más de 50 años, ya caducó. Debe recomendarse algo actual, la Constitución del 85, la mejor consensuada que ha existido en Guatemala. Debe desarrollarse antes de pensar en su reforma, a la que el pueblo en varias oportunidades se ha opuesto. Parece que en la era democrática es la que más tiempo ha estado vigente y así debe seguir, aunque algunos viven pensando en el pasado. Fue electa la constituyente del 85 en elecciones transparentes por la mayoría del pueblo.
5. Luciano Castro: (2012-04-17 13:41:55 horas)
   Bueno, por fin ha escrito algo sensato.
6. Gil Zu: (2012-04-17 10:15:16 horas)
   LA CONSTITUYENTE DE 1945, algunos historiadores mencionan a los sectores intelectuales de aquel momento como facor decisivo para instalar aquella Asamblea Nacional Constituyente, pero debemos de recordar que fue la juiventud la que le dio el impuso de transformaciones a nuestro Estado contando con el beneplacito de un Maestro Presidente Juan Jose Arevalo. El Alcalde mas joven que ha tenido Guatemala fue Marco Antonio Villamar Contreras (19 años) salido de las raices del Frente Popular Libertador. o pretendo que repitamos la misma historia, pero actualmente hay talentosos hombres como Acisclo Valladares Molina, el Licenciado Mario Enrique Sosa (analista universitario) y una gama de personas que sumadas a las nuevas generaciones pueden conducir la nave para instalar UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE