En las próximas horas serán adjudicados los cuatro lotes de fertilizantes que el Gobierno procura distribuir entre campesinos. Supone la culminación de un proceso accidentado, cargado de presiones hacia y dentro del Ejecutivo y de las cuales el Presidente tiene entero conocimiento. La sospecha es que los poco más de Q400 millones en abono están ya comprometidos para contribuyentes de la campaña y existe también la presunción de que funcionarios de Gobierno se verían beneficiados con esta compra.
El ministro de Agricultura, Efraín Medina, y su partido Viva, aliados del Partido Patriota, comprometen su prestigio en este proceso. El Presidente y la Vicepresidente, cuyo secretario privado, Juan Carlos Monzón, participa en el procedimiento, corren con la mayor responsabilidad. Pero en un equipo como el de Pérez Molina, integrado por militares de larga trayectoria en acciones de inteligencia, difícilmente pueda luego el círculo más cercano declararse ignorante de las cosas si llega a descubrirse corrupción en esta segunda gran compra del Ejecutivo. La primera, la adquisición de medicamentos mediante contrato abierto, es ya objeto no solo de sospechas sino de certezas: el Estado compra, con conocimiento, medicinas de marca sobrevaloradas.
Este empieza a ser el signo de la administración que prometió transformar las cosas. Pero solo los ciudadanos más incautos podemos confiar, para tal transformación, en un partido político que alcanzó el poder mediante el modelo clientelar de amplísimos financiamientos privados sin auditorías, que describe al proceso electoral guatemalteco.
Lo razonable sería confiar en instituciones independientes y aptas, técnicamente capaces y cargadas de convicción, para poner freno a los corruptos. Tal cosa no existe en Guatemala. La Contraloría es un chiste.
Y el viernes 13 fuimos testigos de cómo una mujer caída en desgracia en el gobierno anterior solo necesitó esperar a que sus aliados políticos llegaran al poder para verse bien tratada por la justicia. Gloria Torres y su hija, escondidas durante cinco meses, esperaron a que el Patriota, al cual prestaron ayuda en la segunda vuelta electoral, gobernara para comparecer ante el juez. ¿El resultado? Una amplia sonrisa de gato, recogida por la prensa en la foto de un beso de madre a hija, el pago de una simbólica caución y las dos a dormir a su casa. Los municipios a las cuales cobraron un porcentaje por ayudarles a contratar deuda cargan con el costo. ¿El MP y su Fiscalía Anticorrupción? Goleados y bien gracias. Las esperanzas de la ciudadanía en una institucionalidad capaz de ponerle freno a los rapaces, es vana.
En este país las manifestaciones no deberían hacerse frente a la Casa Presidencial. Sus inquilinos son sordos ante las demandas ciudadanas (aunque tengan oído biónico para el más sutil quejido de sus financistas de campaña). Aquí, deben hacerse en Gerona, ante el despacho de la Fiscal General. Queremos, necesitamos, exigimos instituciones que sirvan. Alguien tiene que marcarle el límite a quienes roban.
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