El MP señala a Marlene Blanco Lapola, ex viceministra de Gobernación y exdirectora de la PNC, como presunta líder de la organización.
Jonhy Estuardo Sac Rojas cayó en la trampa que le tendieron policías: él les cobraba extorsiones a transportistas de Quetzaltenango, y el 28 de junio de 2009 fue citado para entregarle el dinero que exigía por no matar pilotos. Llegó, tomó el paquete y se fue. Se estacionó en una calle de la zona 3 de Quetzaltenango y, minutos después, lo acribillaron.
Los responsables son, según la Fiscalía, los mismos que el 19 de octubre del mismo año secuestraron y mataron a Rosa del Carmen Coyoy Ixcot: se trataba de un grupo de policías que pertenecían a diferentes grupos dentro de la PNC, pero que se unían para acabar con sicarios y extorsionistas.
Las investigaciones revelan que la estructura paralela operaba en la Policía y el Ministerio de Gobernación, en la ubicación y las capturas de presuntos delincuentes acusados de extorsionar a transportistas. Las víctimas, en algunos casos, fueron torturadas y después asesinadas.
De acuerdo con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, identificaron a Marlene Blanco Lapola, ex viceministra de Gobernación y ex directora de la Policía Nacional Civil (PNC), como líder de la organización, quien proveía de logística para cometer los crímenes. Aunque los acusados no formaban un solo grupo, más bien se unían para llevar a cabo los crímenes.
Por ejemplo, uno de los acusados es el comisario Edwin Chipix, jefe del Distrito Central de la PNC, responsable de obtener la información de los supuestos delincuentes que era trasladada a los grupos operativos que nada tenían que ver con él en una organización jerárquica.
Según López Bonilla, los grupos operativos de la organización criminal fueron dirigidos por Israel Chávez, expolicía; Lino Efrén García, expolicía y asesor de la PNC; Juan Carlos Rojas, expolicía; y Mártir García Hernández, exagente de la Policía. Todos estaban destinados a por lo menos dos grupos operativos diferentes asignados a la Dirección General y la Dirección General Adjunta.
Rojas y Hernández fueron sentenciados a 25 años de prisión por la desaparición de Juan de Jesús García López, alias Tripas. Según la fiscalía, la víctima formó parte de una banda de sicarios y extorsionistas.
El Ministro explicó que todos recibían instrucciones de Blanco Lapola para las operaciones ilegales de persecución y de acción en contra de supuestos delincuentes, aunque Rojas estaba bajo el mando directo de Rember Larios.
“Nadie es superior a la ley, el Estado no puede convertirse en delincuente para perseguir delincuentes. Es difícil, pero en el marco del Estado de Derecho es lo que tenemos que hacer. Como agente de seguridad no se puede actuar violando la propia ley, la cual tenemos que defender”, dijo el Ministro de Gobernación.
Denuncian
Claudia Paz y Paz, fiscal general, explicó que las pesquisas se iniciaron después de la denuncia que presentó, en 2010, Francisco Cuevas, ex viceministro de Apoyo Comunitario y secretario de Comunicación Social de la Presidencia.
Cuevas fundamentó la querella en un anónimo que recibió el 13 de octubre de 2009, en que se informó acerca de 2 grupos de unas 30 personas vinculadas al sicariato, que supuestamente funcionaban bajo el mando de Blanco.“Este caso ya se encuentra en los tribunales, y el MP sigue una investigación contra ella, por lo cual será en esas instancias donde se resolverá esta situación”, dijo el funcionario.
“Cuevas adujo que durante mi gestión en la Policía hubo acciones anómalas, creo que esto inició por una revancha de él hacia mí, por los puestos que ambos ocupábamos en Gobernación”, declaró Blanco Lapola.
La ex funcionaria aseguró que durante casi dos años no hubo ninguna acción dentro de la denuncia que en su contra presentó Cuevas, por lo cual le parece “extraño” que en este momento se inicie una persecución. Agregó que su captura corresponde “al pago de una serie de favores políticos de la actual gestión”.
Los casos
La fiscalía vincula a la estructura paralela que lidera Blanco Lapola con el asesinato de 3 personas en junio, octubre y noviembre de 2009.
Según las investigaciones, la primera ejecución extrajudicial fue contra Sac Rojas, de 24 años. La versión que la PNC aportó en su momento respecto del móvil de ese crimen es que la víctima acababa de cobrar una extorsión y que el hecho perpetrado por un grupo rival por la disputa del territorio. Un argumento que usualmente usa la Policía.
El segundo caso en investigación contra la exfuncionaria y algunos de sus subalternos es el de Lauro Oswaldo Andrino, otro supuesto extorsionista al que asesinaron a balazos en octubre de 2009, sujetos desconocidos a bordo de vehículos particulares.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) también vinculó a Blanco Lapola con la desaparición de Coyoy Ixcot, de 24. La PNC informó a los familiares de la víctima que tenían sospechas de que esta había huido con su exconviviente. Su cadáver apareció días después en un terreno baldío.
El MP también investiga el asesinato de Marco Aurelio Sandoval de León, jefe de la Comisaría 21, de Jutiapa, quien fue acribillado por 2 hombres en motocicleta y otra por el atentado contra Carlos Aníbal Herrera, atacado desde 2 automóviles en el bulevar La Asunción, zona 5. En ambas se encuentran vinculados los exguardaespaldas de Blanco Lapola.
La titular del MP dijo que la investigación se realizó en coordinación con el Ministerio de Gobernación y la CICIG.
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