Uno de los familiares de los adolescentes de 15 y 17 años declaró que le jugaron una broma a Carlos Sosa, pero no midieron las consecuencias.
El Ministerio Público (MP) informó que los 2 menores de edad de 15 y 17 años se presentaron en forma voluntaria al Juzgado de Paz de Huehuetenango. Ambos son señalados de haber agredido a Carlos Sosa, de 11 años, quien murió luego de que le inflaron aire en sus intestinos con un compresor.
El juez Julio Montt resolvió abrir proceso contra los dos acusados y ordenó internarlos en un centro correccional de la ciudad de Guatemala. Se prevé que sean trasladados al Centro Juvenil de Detención.
En su declaración, los adolescentes dijeron que cometieron un error y están dispuestos a aceptar su responsabilidad. Además, se confirmó que el menor de edad, de 15 años, es primo del fallecido, y el de 17 años es un amigo del primo. Uno de sus familiares dijo que le jugaron una broma a Sosa, pero no midieron las consecuencias.
Javier Monterroso, secretario privado del MP, explicó que desde el 27 de febrero identificaron y localizaron a las 2 personas. Ambos estaban citados a declarar ante un juez el próximo miércoles, sindicados de lesiones.
Sin embargo, “su situación jurídica cambió desde que se supo que la víctima falleció. La fiscalía pidió que fueran privados de su libertad en un centro correccional para menores en conflicto con la ley para garantizar que estén presentes en todo el proceso penal”, explicó.
El representante del ente investigador dijo que un psicólogo de la institución recibió la declaración del niño de 11 años, quien confirmó que vivía en el taller de mecánica en que ocurrió el hecho ilícito. “En ningún momento se dejó de actuar en el caso, se hicieron varios allanamientos para recopilar evidencias”, explicó el funcionario.
El presidente Otto Pérez afirmó que el viernes visitó en el hospital al niño cuando estaba con vida. “Le di las instrucciones a las fuerzas de seguridad y el MP para que coordinen y deduzcan las responsabilidades”, declaró.
La Fundación Sobrevivientes le solicitó a la Procuraduría General de la Nación, en calidad de querellante en el caso, investigar a los padres de los acusados de haber cometido el crimen.
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