Los señores diputados no parecen capaces de dar puntada sin hilo.
En la administración de Oscar Berger se inventaron el famoso Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural, PACUR, para canalizar fondos públicos hacia sus propias empresas o fundaciones. En ese entonces, la asignación de contratos de obra pública y la repartición sistemática de viajes sirvieron para comprar la buena voluntad de los parlamentarios más mercachifles y su gesto dócil a la hora de levantar la mano.
Bajo la administración de Álvaro Colom algunos congresistas se terminaron de quitar la careta y ya sin ningún rastro de vergüenza, se dedicaron a extorsionar al Ejecutivo mediante prácticas filibusteras. Lo que no sabíamos es que además, el presidente de la anterior Legislatura, Roberto Alejos, permitió que la planilla del Congreso se saliera de control.
Según un reportaje de Claudia Palma publicado en elPeriódico, los empleados del Congreso no deberían pasar de mil personas. Sin embargo, las concesiones hechas a los diputados para que contraten ujieres, secretarias, asistentes y sobre todo asesores se han excedido al punto que hoy el Legislativo cuenta con más de 2 mil 300 empleados que juntos devengan Q22.2 millones al mes.
Esta información ha salido a luz después de que durante semanas la segunda vicepresidenta del Congreso, la diputada Nineth Montenegro, insistiera en obtener la planilla completa. Por definición y mandato legal, esos datos son públicos y el Legislativo está obligado a revelarlos en su sitio de Internet o a facilitarlos de inmediato a cualquier persona que los requiera, no digamos a una parlamentaria y con mayor razón a una integrante de la Junta Directiva.
En lugar de responderle a la congresista con celeridad, los responsables se dedicaron a contorsionarse entre una excusa y un pretexto, quizá con la esperanza de que la señora Montenegro desistiera. Tanto afán hacía sospechar que en vez de ocultar una lista de empleados públicos tenían entre manos la ubicación de una planta de enriquecimiento de uranio.
Por fortuna el secreto ha sido develado y ahora sabemos que mientras Roberto Alejos mejoraba con una mano las prácticas administrativas del Congreso, con la otra dejaba que muchos diputados contrataran un séquito personal, como si quisieran hacerle la competencia a Lady Gaga y su entourage.
Nadie ignora que los legisladores se creen con derecho a quitar y poner funcionarios. Si no se sonrojan para exigirle contrataciones a los ministros, con cuánta más confianza se sentirán para acomodar piezas en su propia institución, sin considerar si las plazas adicionales se necesitan de verdad o si sus “recomendados” tienen las calificaciones para hacer el trabajo o no. “Si ustedes vieran las presiones de los diputados”, dice elPeriódico que lloriqueaba el actual presidente del Legislativo, Gudy Rivera, al explicar el caos en su departamento de recursos humanos.
A fin de encontrarle remedio a esta situación, la Junta Directiva ha decidido solicitar un diagnóstico sobre las necesidades de personal a Acción Ciudadana. Si con ello piensan justificar técnicamente una reorganización, sea. Están estirando la pita de nuestra paciencia pues no se requiere de ninguna investigación para hacer que la ley se cumpla.
Ahora bien, el mérito de la diputada Montenegro es que ha vuelto a poner el dedo sobre la necesidad de una reforma en el Congreso que va más allá de lo puramente administrativo. Para comenzar, hay que asegurarse que el número de congresistas no siga creciendo hasta el infinito. ¿Dónde están los diputados que tanto prometieron en campaña poner orden en su propia casa y entrarle de lleno a la reforma política?
Vea www.dinafernandez.com
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