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    Guatemala, lunes 27 de febrero de 2012

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    OPINIÓN

    Petróleo a US$110

    EDITORIAL

    El precio del barril de petróleo en el mercado internacional se cotiza cerca de los US$110. Asimismo, se anticipa que la tendencia seguirá siendo alcista para el resto del presente año.

     

    Los expertos atribuyen el alza incesante del crudo a diversas causas, tales como la crisis de la deuda en Europa, el inmanejable déficit fiscal en EE.UU., la especulación financiera, la rebelión social en Siria, el embargo a Irán y la guerra potencial entre Irán e Israel.

     

    En Guatemala, el alza de precios de los combustibles, aunado al encarecimiento de los alimentos básicos (pan, carne, azúcar y cereales) y biocombustibles (maíz, almidón y semillas oleaginosas) en el mercado internacional, está redundando en una nueva espiral inflacionaria que se está traduciendo en una peligrosa disminución del poder adquisitivo de la población. Empero, la inflación no es el único problema que enfrenta la economía nacional. También la aflige la incertidumbre económica que mantiene el estancamiento, lo que redunda en desempleo, subempleo, bajos niveles de consumo, baja rentabilidad de la inversión, etcétera.

     

    El corolario es una creciente insatisfacción social que amenaza con desestabilizar los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente el suburbano y el rural.

     

    Esta desestabilización se está manifestando en mayores niveles de violencia social, miseria, marginación y hambre. El crimen organizado también se ha fortalecido y consolidado, y amenaza con socavar totalmente la débil institucionalidad democrática.

     

    No se ha estimulado la competencia ni la inversión productiva en áreas clave de la economía, tampoco se han expeditado los trámites de autorización para la exploración y explotación de petróleo en el territorio nacional o para la generación de fuentes energéticas alternativas.

     

    Tampoco se hace nada en materia de racionalización energética, desgravación de combustibles (cuya distribución está afectada por una doble tributación), supresión del gravamen arbitrario por alumbrado público; ni en cuestión de transparencia y eficacia del gasto público, que debería traducirse en una mejora sustancial de los servicios públicos.

    EDITORIAL

    27 febrero 2012

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