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    Guatemala, lunes 27 de febrero de 2012

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    INVESTIGACIÓN

    Los números que no cuadran en el robo de celulares

    LA BASE DE DATOS DE TELÉFONOS ROBADOS SIEMPRE DIFIERE DE LOS REPORTES QUE MANEJA EL MINISTERIO PÚBLICO. LA DISPARIDAD DE LOS REGISTROS IMPIDE LA PERSECUCIÓN PENAL DE LOS QUE ROBAN, DESPROGRAMAN Y REVENDEN CELULARES. NO HAY DELITO QUE DEMOSTRARLES ANTE UN JUEZ, LOS CASOS SE CAEN SOLOS.

    La principal herramienta para la investigación del robo y hurto de celulares es la enorme limitación para los casos que maneja el Ministerio Público (MP): la Base de Datos de Teléfonos Robados (BDTR).

     

    La BDTR es la lista de los teléfonos robados en Guatemala. Detalla el número telefónico con que funcionaba el aparato, la empresa que lo operaba y los 15 dígitos únicos e irrepetibles que identifi can a cada celular en el mundo, conocidos como IMEI.

     

    La base funciona desde 2008 y debía incluir todas las denuncias de teléfonos móviles reportados en el país. Sin embargo, las de la BDTR difi eren de las que maneja la Fiscalía especial contra el robo de celulares.

     

    El registro de teléfonos robados se enfrenta además a otra traba: los móviles que fueron reprogramados vwreagfc(fl asheados) pierden su IMEI, el código asignado por el fabricante. Eso signifi ca que no estarán en la BDTR y, por tanto, no hay delito que perseguir. Aun cuando el aparato haya sido confi scado en un centro de “flasheo”, el MP no podrá comprobar ante un juez que era robado.

     

    CON O SIN BASE, LOS ROBOS SIGUEN

     

    Cada día, 279 guatemaltecos fueron víctimas de robo o hurto de su celular en 2011, según la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT). Según el MP, fueron 207 afectados por día. La diferencia anual entre ambos registros fue de 26 mil 280 celulares.

     

    Sergio Hernández, presidente de la gremial de Telecomunicaciones, que aglutina a Tigo, Claro y Movistar, dice desconocer la gran disparidad de ambos registros. Resalta, en cambio, que “con base de datos o sin ella, no hemos visto que este delito decaiga”.

     

    En abril de 2007, el Congreso de la República aprobó la Ley de registro de terminales telefónicas móviles robadas o hurtadas (Decreto 9-2007). La legislación dio vida a la BDTR, que era alimentada por las denuncias recibidas en el MP, que sumaba los datos que las operadoras brindaban de los teléfonos. ¿Y si la gente no denunciaba? No funcionaba.

     

    En 2010, según una encuesta del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (Ipnusac), el 65 por ciento de las víctimas no reportaba estos delitos porque no creían que fueran investigados. Además, según Julio García, superintendente de Telecomunicaciones, solo una de las tres operadoras exigía la denuncia ante el MP para reemplazar un aparato robado. Para las otras dos, una denuncia ante la PNC era sufi ciente.

     

    El resultado fue la disparidad en los datos. Por ejemplo, en 2009 el MP reportó 33 mil 758 denuncias. Para octubre de ese mismo año, dos operadoras reportaron 134 mil. Además, la Oficina de Atención al Público del MP no remitía las denuncias individuales, que se manejaban como si fueran quejas de arrebatos de aretes o de billeteras, y quedaban sin investigarse.

     

    LOS CAMBIOS

     

    El subsecretario privado del MP, Elvyn Díaz, asegura que desde enero de 2011 se hicieron esfuerzos para coordinar la investigación, identificar estructuras y no ver los robos como casos aislados. Los “esfuerzos” se basaron en un cambio en el manejo de la BDTR y se concretó con la firma del publicitado convenio entre el Gobierno y las operadoras, el 6 de abril de 2011.

     

    El acuerdo fue la propuesta de las operadoras ante la presión del MP, de un grupo de diputados y de varias organizaciones sociales para reformar la ley de telefonía y crear un registro único de móviles. Actualmente, el 85 por ciento del mercado son clientes de prepago: todos anónimos. Las empresas se oponen a la identificación de sus clientes. El convenio de 2011 permitió a las operadoras tomar la denuncia y bloquear las terminales robadas en el momento. La BDTR sería enviada vía correo electrónico una vez al día, antes de las 6:00 de la tarde, al MP. Los primeros meses tras el acuerdo no rindieron los resultados esperados. Los números de casos seguían sin cuadrar. Entre mayo y octubre de 2011, la OPA contabilizó 6 mil 888 casos más que en la BDTR. Justo en esos meses, dentro del MP se hizo una prueba: se cotejaron 200 celulares requisados en diferentes operativos y ni uno solo estaba en la base. García, de la SIT, y Díaz, del MP, reconocen que la base dio problemas en sus inicios: las denuncias eran enviadas semanalmente y la actualización se hacía cada 15 días, no a diario. Por eso los datos no coincidían, dicen. El resultado operativo de ello fue 30 allanamientos en cuatro meses y ni una sola persona procesada.

     

    PETICIONES Y OFRECIMIENTOS

     

    Las operadoras programaron una nueva base con los campos solicitados por el MP y que podría ser consultada en línea. Según la SIT, esta funciona en un 80 por ciento. Paralelamente, las investigaciones realizadas en los últimos meses de 2011 dejaron 18 personas ligadas a proceso por este delito. “Para nosotros es un gran logro con las limitantes legales que tenemos”, dice Francis Gómez, fiscal adjunta de la unidad contra el robo de celulares. En febrero la PNC le asignó a Gómez 12 investigadores, la mayor cantidad que le han concedido. Pero el número de denuncias sigue sin cuadrar. “Ingresamos todas las denuncias de  las operadoras. El dato debería ser el mismo, por lo menos en los últimos meses de 2011”, dice Díaz. Pero los datos demuestran que no: en noviembre y diciembre, la BDTR registró 34 mil 949 denuncias más que el MP. Ni la SIT, encargada de administrar la base, sabe por qué.

     

    Entre enero y septiembre Tigo solo reportó el 23 por ciento de las denuncias y su participación superaba el 42 por ciento del mercado. Díaz se lo hizo ver a la empresa y sus estadísticas cambiaron a partir de noviembre.

     

    Tanto cambiaron que las denuncias de Tigo se multiplicaron por 6, pasando de 2 mil 886 en octubre a 12 mil 726 en noviembre. Claro, la segunda en participación del mercado, duplicó el número de denuncias en el mismo período. Pero el 77 por ciento de estas no se contabilizó en la base del MP. elPeriódico solicitó a ambas compañías explicación del repunte de denuncias. Al cierre de esta nota no la habían brindado.

    RODRIGO BAIRES QUEZADA rbaires@elperiodico.com.gt

    27 febrero 2012

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