Antonio Arenales, titular de la Secretaría de la Paz (Sepaz)
Beatriz Colmenares
El hasta ahora embajador de Guatemala ante la Unión Europea lo tiene claro: “Si a alguien no le gusta la amnistía, que la impugne”. Antonio Arenales Forno, que deja Bruselas para impulsar la agenda establecida en los Acuerdos de Paz, considera además “un despropósito absoluto” que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico haya arribado a la conclusión de que el Estado pretendió erradicar etnias mayas durante el conflicto armado interno.
Usted asegura que en el país no hubo genocidio. ¿Cómo sostiene su postura?
– Durante los más de 20 años que fue escrutada de cerca por la comunidad internacional, Guatemala nunca fue acusada de genocidio. Es más, el tema ni se mencionó en las instancias que velan para que los Estados cumplan con sus obligaciones concernientes a Derechos Humanos. Me refiero a la Comisión Interamericana, la Corte Internacional de La Haya o la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a cuyas sesiones asistí durante años. En esas entidades, jamás se presentó una denuncia de genocidio en contra nuestra. Nadie niega, sin embargo, que en el país pudo haber ejecuciones extrajudiciales, matanzas, masacres o asesinatos.
En su informe, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) menciona “actos genocidas”…
– Un acto o conducta genocida puede ser un hecho individual. Un ejemplo: alguien motivado por el odio a una población, y por razón étnica, envenena el suministro de agua del lugar. Este comportamiento delictivo podría conocerlo la Corte Penal Internacional o cualquier país del mundo bajo la óptica de jurisdicción internacional; asimismo, los tribunales nacionales. Pero en este país no los hubo, ya que el Estado no cometió genocidio. No había políticas establecidas para ese fin. De hecho, el tema de genocidio empezó a abordarse después de la firma de los Acuerdos de Paz, para evitar los efectos de la amnistía.
Hay quienes afirman que lo que se pretendía era buscar justicia…
– Se emplea la figura de genocidio, porque la amnistía vigente abarca una enorme cantidad de delitos. El genocidio da margen a perseguir a los responsables de cometer crímenes durante el conflicto armado. Esto me parece absolutamente irresponsable, pues coloca a Guatemala a la altura de la Alemania de Hitler o al nivel de Ruanda, y ese no es el caso. El Estatuto de Roma define al genocidio como el exterminio en consideración a una pertenencia étnica, nacional, religiosa o racial. Ninguna legislación nacional o internacional puede calificarlo de otra forma, sobre todo si lo que busca son efectos de imprescriptibilidad o jurisdicción universal. Debe demostrarse que el autor haya tenido la intención de destruir total o parcialmente a los grupos antes referidos. Eso no pasó aquí. Me indigna que se afirme que en Guatemala hubo genocidio.
La CEH hace referencia a “erradicar etnias mayas, ya que, por su naturaleza genética, se les consideraba enemigos del Estado…”.
– Esa conclusión es falsa y un despropósito absoluto. En Guatemala nunca hubo intención de eliminar o masacrar en consideración de pertenencia étnica. El único propósito que veo detrás de una aseveración así es evitar los efectos de la amnistía decretada en su momento. Si a alguien no le gusta la amnistía, que la impugne, como se hizo en Argentina.
¿Cómo explicarse hoy las características de la ley de amnistía?
– La ley fue aprobada por el Congreso y, en su momento, generó un intenso debate. En la mesa de negociaciones se propusieron muchas formas de amnistía. Incluso, seguir los pasos de Sudáfrica. En ese país decidieron indultar todo lo que narraron las víctimas y dejar de lado lo que no contaron, para así entablar posibles procesos futuros. Asimismo, establecieron un plazo para acogerse a la figura. En Guatemala, ninguna de las partes aceptó esa modalidad. Hoy, a la ley de amnistía están sujetos todos, incluso jueces y fiscales. De capturarse a alguna persona por un delito condonado, se incurre en irresponsabilidad. La única manera en que puede dejar de aplicarse la amnistía es impugnándola y lograr que se declare inconstitucional. Derogarla no es suficiente, ya que produjo efecto jurídico.
¿Cómo procesar, entonces, a quienes cometieron atrocidades durante la guerra?
– Mientras haya una amnistía vigente, solo caben delitos que estuvieron tipificados antes de cometerse los hechos. Pero en la legislación guatemalteca no existían los crímenes de lesa humanidad, ejecución extrajudicial o desaparición forzada. Como no existían, no puede procesarse a quienes los cometieron.
¿Qué tipo de compensaciones caben?
– La amnistía no riñe con la verdad histórica ni con el resarcimiento. Pueden hacerse investigaciones académicas, políticas y periodísticas, o indagar en cuanto archivo esté disponible y pedir la colaboración de instituciones estatales. Deben conocerse los hechos, condenarse moralmente y resarcir a las víctimas.
¿Cuál es su opinión en cuanto a los esfuerzos que se han hecho para recuperar esa memoria?
– Son sanos. Nada debería impedir que se conozca la verdad, pero creo que el amenazar con procesos penales a la amnistía representa un obstáculo para ese fin.
Es obvio que alude a los procesos abiertos contra jefes militares…
– Sí. En estos casos, los jueces deben determinar cuál es el hecho y qué delito cabe. A mi entender, el genocidio, no. Y los juicios no proceden si se imputan delitos contemplados en la amnistía. Yo no defiendo ni justifico a nadie. Tampoco intento esconder la verdad. Pero amenazar con procesos judiciales cierra la oportunidad de conocer lo que pasó. Deben efectuarse todos los esfuerzos para conocer la realidad de los hechos y resarcir a las víctimas.
¿Qué hará desde la Secretaría de la Paz en ese sentido?
– Nada impide que se investiguen hechos que puedan desconocerse y buscar la verdad; sin embargo, es preciso despolitizar el proceso. La función de la entidad a mi cargo es impulsar la Agenda de los Acuerdos de Paz, cuyo punto toral es el respeto a los Derechos Humanos.
¿Cuán importante es hablar de estos temas? ¿O es acaso mejor pasar la página, como quisieran algunos?
– Es importante. Yo nunca he evadido la discusión. En lo personal, no me gusta cómo quedó redactada la ley de amnistía. Fui parte de la negociación de paz y conozco todo lo acordado en esta. Durante aquellos años viajé a Argentina, Uruguay y Chile. También conocí el proceso de Sudáfrica. Todo fue puesto sobre la mesa para que lo conocieran las partes. Nadie habló de genocidio. Lo importante era acabar con la guerra y empezar a construir la Guatemala del futuro. Por ello es que a la amnistía se le llama Ley de Reconciliación Nacional y posee las características que conocemos.
¿Pretendía cerrarse la puerta a la búsqueda de la justicia?
– Eso es lo que se lee en la Ley de Reconciliación.
¿Está en sus planes reestructurar el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR)?
– Hay muchas denuncias, tanto en el PNR como en la Sepaz. Ahora mismo estamos investigando cómo pudieron haberse suscrito 400 contratos 029 en ambas instituciones o gastarse millones de quetzales en compra de camisetas y gorras. No puede ser que cerca de la mitad del presupuesto para el resarcimiento se vaya en gastos administrativos.
Pero, ¿debe revisarse cómo resarcir a las víctimas del conflicto armado interno?
– En el resarcimiento acordado caben varios tipos: individual, acompañamiento sicológico, desarrollo comunitario en las áreas del conflicto y otras. Todo ello puede hacerse de manera efectiva, sin privilegiar a una forma sobre otra.
En su discurso de toma de posesión, el presidente Otto Pérez Molina lanzó un dardo a quienes, a su criterio, aún viven del conflicto. ¿Qué opina al respecto?
– Creo que él tiene razón. En Guatemala hay una enorme cantidad de necesidades, así como muchas carencias. Por tal motivo, es inaceptable que ciertas personas, en vez de favorecer la reconciliación, busquen una forma de vida en polarizar y en atizar el desencuentro. Debe terminarse con eso.
¿Cómo vivió la firma de los Acuerdos de Paz?
– A todo el proceso de negociación lo recuerdo como una etapa de enorme esperanza de cambio en el país. Y con la misma voluntad y empeño con el que estuve involucrado en ese esfuerzo, quisiera lograr cambios desde la Sepaz.
¿Qué debe retomarse?
– Han quedado muchos temas pendientes, sobre todo por no aprobarse, en su momento, la Reforma Constitucional. En el campo de los Derechos de los Pueblos Indígenas, por ejemplo, falta avanzar en justicia comunitaria y oficialización de idiomas mayas. Asimismo, debe abordarse el Acuerdo Socioeconómico y Agrario. Por otra parte, la Copredeh, la Sepaz y el PNR tienen agendas y programas similares; programas duplicados en diversas instancias. Todas ellas disponen de recursos y personal. Es preciso reorientar funciones y llevar a nivel de gabinete una Secretaría de Derechos Humanos y Paz que impulse ambas agendas. Esto para hacer el trabajo más eficiente y productivo. Para el gobierno de Otto Pérez Molina es una prioridad y un compromiso avanzar en ambos temas.
¿Es esta la razón por la cual deja su vida diplomática y regresa al país?
–Para mí, esta decisión representa un sacrificio y un cambio completo de vida. Tendré más trabajo y menos ingresos. Yo estuve con el general Pérez Molina en la negociación de la paz. Y siento, igual que él, un compromiso con la agenda determinada en ese entonces. Los Acuerdos de Paz son Derechos Humanos. Y debemos impulsarlos. Nuestro compromiso, en tal sentido, es firme.
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