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    Guatemala, lunes 13 de febrero de 2012

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    OPINIÓN

    ¡Cárcel a los corruptos!

    Editorial

    Nunca antes en la Historia de Guatemala un gobierno contó con tantos recursos, producto de una fuerte y progresiva recaudación tributaria, de la contratación de multimillonarios préstamos, de continuas donaciones y de una sostenida amnistía fiscal, y nunca antes los servicios públicos (seguridad, justicia, salud, educación, infraestructura física, etcétera) habían estado peor de lo que llegaron a estar durante el régimen de Álvaro Colom.

     

    Los efectos de este “terremoto” en el sector público son elocuentes. Los hospitales y centros de salud quedaron desabastecidos y en ruinas, la seguridad pública quedó totalmente desbordada por la criminalidad y la violencia, los maestros y los salubristas en huelga permanente por falta de pago, las escuelas en el más completo abandono, el sistema de justicia bajo riesgo permanente de no poder cubrir sus gastos de funcionamiento y las carreteras y caminos destruidos por falta de mantenimiento. Por si esto fuera poco, la calidad de la obra pública nueva fue pésima, por falta de supervisión y control, además de que en muchísimos casos fue súper sobrevalorada e inflada por las comisiones de por lo menos el 20 por ciento.

     

    Lo anterior sin perjuicio de que el procedimiento de licitación previsto en la Ley de Contrataciones del Estado se convirtió en la excepción, porque el 85 por ciento de la contratación pública se llevó a cabo sin licitación. Además, se duplicó la ejecución de gasto público a través de los fideicomisos.

     

    Los estados de Calamidad Pública (y sus incontables prórrogas) decretados por el Organismo Ejecutivo, en vez de beneficiar a las poblaciones en riesgo, fueron aprovechados para contratar bienes y servicios sin limitación alguna. El mismo ex vicepresidente Rafael Espada reconoció que el Estado de Calamidad Pública fue “una magnífica excusa para la corrupción”.

     

    Por supuesto, muchos se hicieron multimillonarios a costa del erario. Millardos (miles de millones) de quetzales fueron a parar a manos de funcionarios corruptos (a través de sus empresas, ONG y testaferros) y de inescrupulosos financistas del régimen de Colom. Realmente llora sangre cómo esta “plaga de langostas” dejó al Estado. Prácticamente “en trozos”.

     

    La corrupción es un crimen de lesa humanidad, porque limita la inversión pública y la inversión social, sobre todo en Guatemala donde la gente muere de hambre y por la violencia, así como en donde hay grandes masas de poblaciones en condiciones de pobreza extrema y de miseria. Por tanto, exigimos a la Contraloría de Cuentas

    Editorial

    12 febrero 2012

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