Drogas: romper el tabú

El presidente Otto Pérez ha sacudido un tema tabú en nuestro medio. La despenalización de las drogas es un debate que ha estado confinado a la marginalidad de los grupos progresistas y algunos fundamentalistas del mercado. En varios países de Latinoamérica, en cambio, la discusión es central y se ha traducido en leyes de alcance parcial de despenalización, por ejemplo, en Argentina, Brasil y México.

En junio de 2011 la Comisión Global de Política de Drogas (CGPD) –en la que participan los expresidentes Zedillo de México, Gaviria de Colombia y Cardoso de Brasil– concluyó que “la guerra global contra las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo”. De acuerdo a la ONU, el consumo anual de cocaína aumentó un 27 por ciento entre 1998 y 2008, y el total de consumidores de opiáceos, cocaína y cannabis se elevó en el mismo período de 173.7 millones a 194.4 millones.

Tras 50 años de la Convención Única de Estupefacientes, y 40 años después de que el presidente Richard Nixon lanzara la “guerra a las drogas”, la Comisión alentó a los gobiernos a experimentar con modelos de regulación legal de las drogas a fin de “socavar el poder del crimen organizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos”.

Poco después de conocido el Informe de la CGPD, el presidente Santos de Colombia admitió la posibilidad de abrir el debate de la legalización, advirtiendo que era inútil modificar las reglas del juego si otros países clave en la cadena de las drogas (producción, trasiego y consumo) no se involucraban. El sábado 11, el presidente Pérez aludió al fracaso de estrategias supuestamente exitosas, como la de Colombia, y ofreció llevar el debate a la máxima autoridad del Sistema de Integración de Centroamérica, que son los mandatarios de los 8 países de la región.

La CGPD propuso 4 principios para abordar el problema: 1. Que las políticas de drogas se sostengan en sólida evidencia empírica y científica, siendo los indicadores de éxito la reducción de daños a la salud, la seguridad y el bienestar de los individuos y la sociedad; 2. Basarse en los principios de derechos humanos y salud pública, tratando a los dependientes de drogas como pacientes, no como delincuentes; 3. Convertir la política en una responsabilidad compartida global, y 4. Llevar la política de una manera integral, involucrando a las familias, las escuelas, los especialistas de salud pública, los profesionales del desarrollo y los líderes de la sociedad civil, en colaboración con las agencias del orden público y otros organismos gubernamentales relevantes.

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