Según el Banco de Guatemala (Banguat), al 31 de diciembre de 2011, la deuda pública interna de Guatemala se situó en Q45 millardos (miles de millones) y Q74.6 millones. En tanto que, al 31 de diciembre de 2007, se situaba en Q24 millardos y Q191 millones, o sea que en 4 años (durante el régimen de Colom) aumentó Q22 millardos y Q111.3 millones, es decir un 86.3 por ciento.
Asimismo, de acuerdo con información del Banguat, la deuda pública externa de Guatemala, al 31 de diciembre de 2011, se situó en US$5 millardos y US $ 604.9 millones, en tanto que, al 31 de diciembre de 2007, se situaba en US$ 4 millardos y US $ 226 millones, o sea que en 4 años aumentó US $ 1 millardo y US $ 176.6 millones (Q 9 millardos y Q 220 millones), es decir un 32.6 por ciento.
En adición, se estima que la deuda pública flotante (no aprobada por el Congreso), conformada por obligaciones vencidas y pendientes de pago de corto plazo no registradas (y por tanto ilegales) en el sector público, se estaría situando cerca de los Q15 millardos (solo la del MICIVI excede de Q 11 millardos).
La voracidad del régimen de Colom fue tal que las importantes mejoras en la recaudación tributaria (que llegó a Q 38 millardos) se esfumaron. De hecho, el régimen de Colom no se detuvo en su gasto obsesivo hasta el último día.
Se estima que la deuda pública de Guatemala con respecto del PIB podría situarse entre el 27 y el 30 por ciento, o sea que la misma ya se convirtió en una pesada carga para las finanzas públicas, que ya tienen un peso específico en el presupuesto de este año, ya que el 14 por ciento de los ingresos se destinarán a amortización a capital y servicio de la deuda (intereses).
Ojalá que los dineros públicos se hubieran invertido en mejorar los servicios públicos (justicia, educación, seguridad, salud, infraestructura física, etcétera). Empero, todos sabemos que el grueso de los recursos se gastó en burocratización, corrupción, desvío de fondos y clientelismo político. Lo anterior sin perjuicio de que más del 85 por ciento de los contratos de obra pública se adjudicaron sin licitación y la ejecución de gasto público vía fideicomisos y ONG (no fiscalizados por la Contraloría de Cuentas) se duplicó.
Como podrá advertirse, esta escalada de endeudamiento público y de gasto público abusivo es un verdadero escándalo, que se traducirá en que la clase media tendrá que pagar más impuestos. Luego, la rendición de cuentas y la deducción de responsabilidades legales se hacen imperativas. ¡Aló Contraloría General de Cuentas y Ministerio Público!
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