Concertación fiscal

Han pasado las fiestas de Navidad y estamos por celebrar el advenimiento de un nuevo año. Año de un nuevo gobierno pero no necesariamente de una nueva forma de gobernar. O quizás sí. La clave estará en la forma de afrontar y resolver lo fiscal.

Surgirán los tradicionales atrincheramientos, en donde unos, en uno de los extremos, propugnan por no hacer nada en materia impositiva, sino simplemente poner al Gobierno a trabajar con efectividad (eficacia y eficiencia), con honradez, transparencia y rindiendo cuentas, focalizando el gasto público en los sectores más necesitados y en infraestructura.

En el otro extremo, quienes prefieren aumentar impuestos, subiendo el Impuesto de Solidaridad (ISO); el régimen general del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 5 al 7 por ciento (40 por ciento de aumento); poner impuesto del 10 por ciento a los dividendos pagados (el timbre actual es del 3 por ciento); tasar con impuestos las transacciones financieras; subir los impuestos específicos de cemento y bebidas; retener el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en aduanas y a mayoristas; reducir los gastos deducibles al ISR del 97 al 95 por ciento; controlar precios de transferencia e incorporar la renta mundial.

En medio tenemos 2 grupos más, uno de quienes aceptarían la llamada Ley Antievasión II; recuperar el impuesto al tabaco; establecer el impuesto de primera matrícula y aumentar el impuesto de circulación de vehículos; incluyendo un aumento al IVA (al 13 por ciento, nivelándolo con el resto de Centroamérica). Otro grupo, según parece, estaría dispuesto a considerar ajustes al impuesto sobre combustibles; aumentar las regalías de extracción de minerales y petróleo; establecer impuestos a la telefonía y a los depósitos en efectivo; así como aumentar el ISR a las personas en relación de dependencia; eliminar el ISO y retornar al régimen del 31 por ciento como general del ISR, dejando como optativo el del 5 por ciento.

El abanico de opciones, sin ser excluyentes, es más amplio, agrupadas aquí solo con fines ilustrativos. Cada opción tiene sus matices, adversarios y simpatizantes. Sin olvidar que en el Congreso de la República es muy fácil detener cualquier reforma, como sucedió recientemente con la Ley Antievasión II, que enfrentó medio centenar de enmiendas planteadas por un solo diputado. De manera que el nuevo Gobierno tendrá que ser muy hábil y actuar diferente, si quiere resultados.
Incluso, podría desistir de hacer reforma alguna, a pesar que el Estado necesita una transformación profunda. Y tiene que hacerse en 2012 o ya no se hará.

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