El Congreso ha recibido el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado para 2012, por parte del Ministerio de Finanzas. Se esperaría que su aprobación dé lugar a la incorporación de normas presupuestarias que apoyen la transparencia y calidad de gasto, la rendición de cuentas y que prioricen gastos de conformidad a las legítimas aspiraciones ciudadanas.
Ciertamente la tasa de crecimiento esperada, los niveles de deuda flotante y endeudamiento, así como el entorno internacional son un reto complicado, pero si a eso agregamos que una vez más se pueda posponer la aprobación simultánea de leyes que permitan combatir el contrabando y la evasión, que realmente doten a la SAT de mecanismos y herramientas para fortalecer el cumplimiento de sus funciones, las perspectivas para una nueva administración que asuma en enero de 2012, serán una vez más que el Gobierno desperdicie su primer año intentando consensos básicos sobre temas que debieran tener el apoyo plural de quienes han adquirido un gran compromiso de apoyar a un Estado que esté en capacidad de cumplir con sus funciones con transparencia y probidad, pero también con los recursos financieros indispensables para atender nuestros rezagos sociales y atraer las inversiones que requieren ponernos al día en temas de calidad educativa, competitividad y seguridad, entre otros.
No deja de causar sorpresa que los equipos económicos de los partidos en contienda parecen dispuestos a confiar en que sea a partir del 7 de noviembre cuando se dedicarán prioritariamente al seguimiento del proceso de aprobación presupuestaria 2012. Si esto no fuera así, debiera haber un minucioso acompañamiento del trabajo de la Comisión de Finanzas del Congreso, en cuyos miembros recaerá la responsabilidad de saber aprovechar las semanas que tienen para revisar y discutir sobre la propuesta de Presupuesto recibida, a fin de lograr que tenga un grado de confiabilidad suficiente para no comprometer la estabilidad macroeconómica y de gobernabilidad del país. No faltarán diversas reuniones bilaterales entre los más diversos actores, pero las que se necesitan son aquellas que lleven a cobrar conciencia de lo crucial de los acuerdos.
Cabe preguntarse si los equipos técnicos de los partidos que competirán el 6 de noviembre, aun sabiendo lo sensible de estos temas en época electoral, han hecho cálculos que ajusten las promesas de campaña a las asignaciones tanto del ingreso como del egreso del Estado, que debieran aprobarse. Por ejemplo en lo que respecta al Ministerio de Comunicaciones la asignación es de Q4.286 millardos, Q1.272 menor a lo asignado para 2011.
No faltarán voces que digan que ese Ministerio solo ha podido ejecutar la mitad de su presupuesto, pero ante ello cabe analizar la prioridad que tuvo al momento de asignarle fondos. En un viaje de regreso de la ciudad de Antigua se puede constatar la capacidad de respuesta del Estado a una emergencia registrada hace un año, y eso en un destino turístico prioritario para la economía nacional de nuestro país. ¿Cómo quedan entonces las comunidades más alejadas y casi siempre postergadas?
Es importante motivar un mayor interés ciudadano en un juicio crítico, objetivo y sereno sobre las implicaciones que para su vida cotidiana tendrá la estructura de ingresos y gastos del Estado, pues es ahí donde se contrastan las promesas de campaña y su viabilidad. Hacer una conexión entre lo esperado y lo posible, solo anticipa frustraciones y críticas que en otros países se dan en menor grado, porque los legisladores no se animan a la aprobación de presupuestos cuya inconsistencia les puede representar su no reelección, dado que tienen un votante muy atento a sus decisiones en el parlamento. Hay en marcha iniciativas que esperamos se fortalezcan, para que nos lleven por ese camino.
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