La esposa del Presidente recibió al empresario Carlos Widmann en sus oficinas.
Su objetivo era dejar bien claro que ella no estaba detrás de las invasiones de tierras en el valle del río Polochic, Alta Verapaz, a donde se trasladó el ingenio Guadalupe en 2005 para producir azúcar, melaza y energía eléctrica a partir de biomasas, no etanol. Diecisiete fincas de las más de 37 que el grupo agroindustrial había adquirido en la zona se encontraban ocupadas.
Los invasores destruyeron cerca de 1,500 hectáreas de caña y pequeñas reservas de bosque. Entre los grupos de campesinos circulaban volantes que aseguraban que la ocupación estaba respaldada por Sandra Torres. Los dirigentes sostenían que el gobierno pagaría las tierras para repartirlas. La esposa del Presidente hizo que el ministro de Gobernación la acompañara a la cita. Este explicó que los desalojos sólo podrían llevarse a cabo mediante orden de juez.
La orden fue librada el 5 de febrero y le otorgó a las autoridades hasta 45 días para su cumplimiento.
El gobierno requirió de tiempo para preparar a las Fuerzas Especiales de la Policía y mientras tanto, hizo llegar mensajes a organizaciones como el Comité de Unidad Campesina, Conic y Uvoc, para persuadirlos de abandonar de modo propio las tierras. Los llamados, sostienen las autoridades, fueron desoídos.
Por fin se llegó al día. El propio presidente Colom impartió instrucciones. El saldo hasta hoy es de 12 fincas desocupadas y un campesino muerto. El Estado en pleno, Ministerio Público incluido, participó –no sin reticencias – a favor del operativo. Incluso el Procurador de Derechos Humanos jugó un papel de aquiescencia, con una actitud morosa.
Hay al menos dos lecturas de los hechos. La primera, que en medio de la agitación preelectoral, Torres –e incluso Colom– dejan clara su lealtad al sistema. La propiedad privada se hace respetar por las fuerzas de seguridad. Los detractores de la pre candidata podrán jurar que ella es una seguidora de Hugo Chávez y aspira a integrar su combo melódico, pero las imágenes de una larga columna de soldados y agentes de Policía para desalojar a los campesinos serán más elocuentes que cualquier palabra.
La segunda lectura es más apremiante pero menos actual. Ha estado allí por siglos y en el mundo político importa poco. En el campo hay miles de personas que padecen hambre, carecen de tierras y de empleo. La fórmula de concentración de tierras y acceso a mano de obra barata vuelve a cobrar fuerza en los últimos diez años, debido a la prosperidad de la palma africana, la caña y la narcoganadería, sin que el Estado pronuncie palabra al respecto. Todos los intentos por aliviar la presión sobre la tierra han fracaso. El más reciente, el del Fondo Nacional de Tierras, rindió pocos frutos y se constituyó pronto en un gran ultraje al fisco. Hay una migración notoria del campo hacia las ciudades intermedias y estas exhiben cada vez más grandes cinturones de miseria. Hay extorsionistas que cobran a campesinos sin tierras por invadir.
Por lo demás, no hay mayor novedad que reportar. Todo sigue más o menos como cuando don Pedro vino a civilizarnos.
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