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    Guatemala, martes 07 de septiembre de 2010

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    OPINIÓN

    Sobre la pena de muerte

    Marta Altolaguirre

    Es más caro mantener en prisión a un condenado, pero ¿será esa la solución que buscamos?

    La autorización al Estado para la aplicación y ejecución de la pena de muerte a ciudadanos indeseables es un tema que despierta pasiones, pero que debe ser objeto de reflexión y de análisis, no sólo desde el punto de vista ético sino en cuanto a la conveniencia de su aplicación.
    Guatemala es uno de los poquísimos países del hemisferio americano que contempla la pena de muerte. La acompañan países como Estados Unidos y algunos caribeños. La mayoría la han abolido y en otros, simplemente existe una moratoria de hecho, al haberse dejado en suspenso su aplicación. Nicaragua no la contempla y sus índices de criminalidad son bastante más bajos que los nuestros.


    El terror y la inseguridad que estamos viviendo lógicamente mueven a buscar la solución más directa y simple de comprender. Una justicia retributiva que de alguna forma hace sentir a las víctimas y sus familiares compensados con aquel castigo ejemplar.
    Sin embargo, no se debe obviar la información contenida en estudios que muestran que luego de una ejecución se incrementan los índices de violencia en el Estado que aplicó la pena máxima. Pero también se encuentran argumentos que aseguran que sí tiene un efecto disuasivo.


    Lo que sí es cierto es que un sistema de justicia civilizado es costoso y que es más caro mantener en prisión a un condenado que la bala que terminaría con la vida del criminal o los químicos que se utilizan en la inyección letal. Pero, ¿será esa la solución que buscamos?  
    Nuestra Constitución Política en su Artículo 18 hace referencia a la pena de muerte estableciendo que tiene carácter extraordinario y fija las siguientes limitaciones: que no se aplique con fundamento en presunciones, a mujeres, a mayores de 60 años y tampoco a los reos de delitos políticos y comunes conexos o aquellos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. Asimismo, establece que el Congreso puede abolir la pena capital.


    El Código Penal contempla la pena muerte para los delitos mas graves, como el asesinato, el parricidio, la ejecución extrajudicial y el secuestro (que previo a la reforma penal se contemplaba sólo en caso de fallecimiento de la víctima) y otras situaciones agravantes que conforme a las normas del Sistema Interamericano y el instrumento conocido como Pacto de San José, sí puede ejecutarse la pena de muerte en los casos que ya estaban previstos en 1978 cuando Guatemala ratificó el instrumento.


    Al respecto cabe reiterar que la citada Convención, efectivamente contempla en su Artículo 4 el derecho a la vida y agrega que en los países en los que la pena de muerte no se ha abolido, esta podrá imponerse a los delitos mas graves que hayan estado incluidos en la legislación interna al momento de ratificar el instrumento.
    Por eso el conflicto esencial surge debido a la persistente omisión de las autoridades nacionales que se niegan a asumir la responsabilidad de conocer la solicitud de indulto o conmutación de la pena al cual tiene derecho todo condenado a la pena de muerte por el derecho de todo condenado a muerte de acuerdo a la Convención.


    Por todo lo anterior es lógico derivar que lo que debe resolver Guatemala es esa petición de indulto, situación que contemplaba nuestra legislación hasta el año 2002 cuando se eximió la responsabilidad presidencial dejando un vacío legal sobre la autoridad que debía conocer.
    Ahora bien, creo que nos debemos preguntar: ¿será más lógico denunciar la más importante Convención regional que además impone algunos límites al abuso del poder político, o será lo sensato, por simple y elemental e inteligente, que el Congreso vuelva a designar a la autoridad competente para conocer la solicitud de indulto?

    Marta Altolaguirre

    6 septiembre 2010

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