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    Guatemala, lunes 11 de mayo de 2009

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    OPINIÓN

    Jugar con fuego

    Acisclo Valladares Molina

    El terminante emplazamiento de la ley.

    El Congreso de la República recibió de un grupo de ciudadanos –más de 70 mil– la propuesta de una reforma constitucional que debe conocerse “sin demora alguna”, tal el inequívoco mandato de la ley. Sin demora alguna quiere decir eso y no otra cosa. En otras palabras: ¡ya!

    La premura de la ley es más que comprensible por cuanto el pueblo delega la soberanía en sus autoridades pero estas se encuentran obligadas a restituírsela, al menor requerimiento. La Constitución Política de la República, pacto de paz social entre nosotros, establece que 5 mil personas pueden promover una reforma constitucional y que el Congreso debe conocerla de inmediato.

    El Congreso puede aprobar la reforma propuesta con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados que lo integran y, de no obtenerse semejante votación, queda rechazada.

    Por el contrario, si la aprueba, habría de convocar al pueblo de Guatemala para que sea este quien, en consulta popular, la ratifique o la rechace.

    El movimiento ProReforma que es el movimiento cívico que la impulsa exige el cumplimiento de la ley y, en consecuencia, que el Congreso de la República la conozca de inmediato y que, si la aprueba, se convoque a la consulta popular.

    Retrasar el asunto sería jugar con fuego puesto que semejante demora sería un acto contrario a la Constitución, lo que constituye delito.

    La propuesta de ProReforma es esa y no otra y tienen razón sus personeros al afirmar que el Congreso tiene potestad para aprobarla o rechazarla, pero no para introducirle cambio alguno, lo que la vendría a hacer otra propuesta.

    Jose Rubén Zamora ha señalado que el sistema no es corregible desde adentro, opinión de la que cual me he permitido disentir. Sin embargo las inquietudes de reforma constitucional empiezan a perfilarse cada vez con mayor fuerza, siendo esta, hasta la fecha, la más estructurada. El Congreso puede aprobarla o rechazarla pero abstenerse de darle el trámite de ley sería como jugar con el mismísimo fuego.

    Se puede o no estar de acuerdo, pero debemos de exigir –graníticos– que se le dé el trámite de ley.

    Instar a su rechazo sin trámite alguno, tal y como lo sugiere una columna de favor que apareció en este medio el sábado pasado, constituye una peligrosa apología del delito ya que sería un acto contrario a la Constitución, rechazarla in limine.

    ¡Que el Congreso y, en su caso, el propio pueblo, se pronuncien!

    Acisclo Valladares Molina

    10 mayo 2009

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