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    Guatemala, lunes 21 de enero de 2008

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    OPINIÓN

    Ley de servicio civil: urgente e importante

    Dina Fernández

    No podemos avanzar si cada Gobierno de turno tiene qué volver a aprenderlo todo.

    Cada vez que cambia el Gobierno, empieza la desbandada.  Los nuevos funcionarios sacan a empujones a los anteriores y pagan favores de campaña dándole chance a la parentela, los amiguetes y la gente que se fajó en los mitines regalando cachuchas, pegando afiches y adulando candidatos.
    En gobiernos tan precarios como el nuestro, el reparto de plazas se convierte en uno de los botines de la democracia.

    Así como en el pasado el pillaje constituía parte intrínseca de la guerra, aquí el clintelismo funciona como uno de los principales motores del aparato político. Y de la misma manera que a los soldados les encantaba asolar pueblos para apropiarse de todo cuanto encontraban de valor –desde pollos hasta mujeres–, la tropa política marcha sobre la administración pública en busca de salarios y presupuesto.

    A resultas de ello, no tenemos un Estado profesional, ordenado y eficiente, integrado por personas que conocen su trabajo y lo hacen bien, donde el cambio de administración implica básicamente el cambio de algunas cabezas. A nosotros nos toca vivir sumergidos en la improvisación permanente, pues cada cuatro años los nuevos gobernantes pretenden reinventar la rueda y volver a aprender todo desde el principio.

    Aunque yo estoy convencida de que la voluntad política suele ser más importante que las leyes, en este caso el marco legal no ayuda a reencausarnos por el camino correcto. La ley vigente de servicio civil data de tiempos de Julio César Méndez Montenegro, del año del Señor de 1968. Tiene 40 años y no los lleva bien.

    Se trata de una ley débil, diseñada para manejar 20 mil burócratas desde una oficinita a la que cualquiera puede ningunear. Hoy los empleados públicos son más de 200 mil y se necesita de una mejor base jurídica para reclutar talento, capacitarlo y fortalecer al Estado.

    Algunas de las primeras decisiones del nuevo Gabinete –como por ejemplo el poder de veto otorgado al cuestionado líder sindical del magisterio o los titubeos en la elección de los viceministros de Salud– no nos causarían la ansiedad actual si tuviéramos la certeza de que el Gobierno cuenta con un equipo técnico capaz de llevar la nave.

    La reforma a la ley de servicio civil es una de las asignaturas pendientes más cruciales que tiene el país en materia de modernización institucional del Estado. Igual que otros temas que todos reconocemos como prioritarios –la descentralización, el pacto fiscal, el seguro social y las pensiones o la reforma educativa– lo vamos postergando ad eternum para evitar los conflictos que pueden acarrear estas decisiones.

    Cuando asumió el Gobierno de Óscar Berger, el ingeniero Harris Withbeck tenía ya una propuesta lista para la reforma de la ley de Servicio Civil. Con el pretexto de que había que “socializar” la iniciativa un poco más, acabó engavetada durante toda la administración pasada.

    Ahora la propuesta está durmiendo el sueño de los justos en la comisión legislativa del Trabajo.

    Antes de la segunda vuelta electoral, Álvaro Colom aseguró que le quería entrar al tema pero ya no ha vuelto a mencionar el asunto.

    Lo cierto es que el Gobierno de la UNE podría encontrarse en una posición ideal para iniciar esa reforma. En la España de los ochenta fue un presidente socialista, Felipe González, quien logró cuajar los primeros acuerdos laborales con los sindicatos y así crear las condiciones para el despegue de la industria y la economía de ese país. Y sin ir muy lejos, en Guatemala, el Gobierno de Álvaro Arzú tuvo qué descansar en un Gustavo Porras, que había militado en el EGP, para negociar la paz con la guerrilla.

    Desde luego, se entiende que la reforma a la ley del servicio civil que requerimos no consiste en aceptar cualquier capricho de los Jovieles de este mundo sino en sentar las bases de una normativa que logre lo siguiente: primero, que se ingrese a la administración pública por mérito, no por compadrazgo; segundo, que exista estabilidad laboral para hacer carrera en el Estado a base de eficiencia y talento y tercero, que se cree un sistema de evaluación del desempeño para incentivar a quien lo merece (y disciplinar a quien no). Para ello, además de ir del brazo de los sindicalistas se necesita de una visión de Estado. La oportunidad y la propuesta están ahí… Resta comprobar si la voluntad también.

    Dina Fernández

    21 enero 2008

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