Una de las primeras medidas del nuevo Gobierno socialdemócrata que se instalará el próximo lunes 14 será centralizar todas las noticias del poder ejecutivo, según lo han anunciado sus voceros.
Se precisó que durante la primera reunión efectuada, el 3 del actual, por el futuro mandatario con su Gabinete de ministros, “se acordó manejar las comunicaciones en forma centralizada. Los ministros y secretarios designados recibieron la instrucción concreta de evitar la duplicidad de declaraciones y abstenerse de opinar en aquellos temas de los cuales no tienen completo dominio”.
Se nos hace difícil creer que, a estas alturas del proceso democratizador que vive Guatemala desde la vigencia de la Constitución Política de la República de 1985, la nueva administración estatal tenga el propósito de retrasar el reloj de la historia y retornar al país a los tiempos autoritarios de los gobiernos de facto, cuando inútilmente se trataba de concentrar las noticias en una Secretaría de Información gubernamental.
La experiencia demostró que todos los intentos que se hicieron en el pasado reciente para restringir las informaciones de prensa fracasaron rotundamente. En la presente coyuntura, cuando se inicia un Gobierno democrático y electo popularmente, nos preocupa que directrices como las que se han anunciado vengan a ser mal interpretadas por los funcionarios y se trate de menoscabar o disminuir el legítimo derecho que tiene el pueblo de Guatemala de ser informado sin cortapisas sobre el quehacer gubernamental. La democracia, aunque imperfecta, que vive Guatemala actualmente ha costado mucho esfuerzo y muchas luchas de ciudadanos patriotas, tantas lágrimas, como para retroceder al pasado.
Ha hecho bien, por ejemplo, el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) al reaccionar ante este proyecto centralizador de las noticias gubernamentales y advertir que tal propósito no puede ser limitativo, ni restrictivo, porque el acceso de los periodistas a la información es libre, según lo garantiza la Constitución de 1985. Y en efecto, es bien sabido que el Artículo 35 de nuestra Carta Magna, que es la ley suprema de la República, ordena: “Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho”.
El derecho de los pueblos a estar libre y plenamente informados ya no es objeto de discusión en ningún país civilizado. Es abundante la legislación nacional e internacional que lo protege y garantiza. Cualquier proyecto restrictivo merecerá la condena y el repudio universales.
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