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    Guatemala, lunes 05 de febrero de 2007

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    PORTADA

    Los problemas que afectan a la sociedad

    La falta de efectivo, la violencia, la falta de acceso a la tierra y el conflicto político son las principales complicaciones.

    La oficina del Procurador de los Derechos Humanos identificó 54 problemas que podrían afectar a la población guatemalteca durante 2007 a nivel nacional.

    Según un mapeo de esa institución son 15 los departamentos perturbados por más de un problema social. Se busca mantener actualizada la conflictividad social del país para que sirva de herramienta en la toma de acciones estratégicas por parte de las instituciones para su prevención.

    El departamento con mayor conflicto social es Alta Verapaz que presenta 31 problemas; le sigue Guatemala con 20, y Chimaltenango con 19. Este año se realizó el estudio que incluye la ciudad.

    Entre los problemas que se enmarcan en una presencia de peligro se encuentra la falta de dinero en efectivo y cierre de bancos que incide en todo el país, la violencia e inseguridad social que afecta a 16 departamentos, luego la falta de acceso a la tierra es un problema que afecta a 12 departamentos seguido de los conflictos político partidistas que se presentan en 10 departamentos.

    Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos (PDH), dijo que el informe muestra la debilidad institucional que existe en el país. “Como puede observarse la mayor cantidad de problemas son obligaciones del Estado que debiera prevenir. Muestra la debilidad institucional en los temas financiero, seguridad, tierra, agua, política y de salud”.

    Morales consideró que deben ser atendidos los lugares donde se señala su ausencia, pues existe falta de reacción institucional para resolver los problemas que aquejan a la sociedad, tal y como sucede con la crisis bancaria. “Son problemas que parecen irresolubles y las personas no tienen más que esperar. Esto demuestra falta de acción de las autoridades, urge la solución. Se han fijado plazos que han sido traspasados”.

    El magistrado de conciencia expresó su preocupación porque a pesar de analizar la conflictividad geográfica no se puede medir la temperatura de la misma, la cual puede desencadenar alguna reacción contra las instituciones por parte de los afectados.

    Según el ombudsman, de acuerdo con el nivel de expansión y riesgo así debe ser la atención prestada por las autoridades.

    El subsecretario de la Presidencia, Rodolfo Ibarra, se limitó a decir que no emitiría una opinión sobre un informe que desconoce.

    conflicto
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    Claudia Acuña

    4 febrero 2007

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