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    Guatemala, sábado 11 de junio de 2005

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    OPINIÓN

    ¿Reforma de la Ley de Amparo?

    eleditorial

    El miércoles pasado, los presidentes de los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial coincidieron en que debía reformarse la Ley de Amparo, a cuyas disposiciones atribuyen el retraso de los procesos judiciales.

    El miércoles pasado, los presidentes de los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial coincidieron en que debía reformarse la Ley de Amparo, a cuyas disposiciones atribuyen el retraso de los procesos judiciales. Cabe señalar que el amparo es un recurso procesal expedito que pueden utilizar los interesados para que se restablezca la plena vigencia de sus derechos constitucionales y legales, cuando estos se vieren amenazados o violados por alguna autoridad.

    No hay ámbito que no sea susceptible de amparo. No dudamos de que los susodichos presidentes tengan muy buena intención ni que deseen el mejoramiento de nuestro ordenamiento jurídico; sin embargo, debe tenerse presente que muchas veces el problema no está en las leyes, sino más bien en la interpretación y aplicación de las mismas.

    En Guatemala, hasta el año 1986 la interposición de un amparo era prohibitiva, al extremo que los litigantes y sus abogados podían parar presos por atreverse a accionar de amparo. La negación del derecho a buscar amparo llegó a tal punto que, a principios de la década de los 50, el Congreso destituyó a la Corte Suprema de Justicia en pleno por haber admitido para su trámite un amparo contra la aplicación de la Ley Agraria (Decreto 900). No obstante, hoy por hoy, después de escasos 20 años de vigencia de un amparo irrestricto, nuevamente se alzan voces en pos de que la interposición del amparo vuelva a restringirse y castigarse, con el objetivo de evitar un supuesto abuso del amparo en el marco de los procesos judiciales.

    Sin negar que siempre puede mejorarse la Ley de Amparo, creemos que lo primero que debe hacerse es establecer, con absoluta certeza, si efectivamente las disposiciones legales son las causantes del retraso de los procesos judiciales o si, por el contrario, son los mismos operadores de justicia los que están interpretando y aplicando indebidamente dichas normas.

    Uno de los problemas recurrentes se presenta cuando, a pesar de que el tribunal correspondiente no concede el amparo provisional (suspensión del proceso judicial), el tribunal ordinario de todas maneras no continúa con el trámite del respectivo proceso judicial, simplemente porque se le antoja así. Otro caso muy común se da cuando el tribunal ordinario suspende el trámite del proceso judicial, a pesar de que el tribunal no decretó amparo provisional ni pidió que se le remitiera el proceso. Por otro lado, una reforma de la Ley de Amparo no debería limitarse a confirmar los criterios de inadmisión del amparo que ya ha sentado la Corte de Constitucionalidad, porque sería ocioso y poco edificante.

    eleditorial

    10 junio 2005

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