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Domingo

Consulta Previa y referendo: dos derechos que tienen los indígenas frente a la reforma constitucional

Laura Castañeda
Sociedad de Plumas

fotoarte Jorge de León > El periódico


Guatemala cumplió 20 años de  haber  ratificado el Convenio 169 de la OIT. Como ya es de conocimiento público y notorio, el país cuenta con una ley de la República, el decreto del Congreso, el 9-96 que aprobó la incorporación del  Convenio 169 al ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, desde la publicación de esta ley, y como es común con otras leyes, el Estado no ha elaborado el reglamento específico para su aplicación operativa, lo que ha traído como consecuencia, que no se cuente con un mecanismo general, abstracto e impersonal que dicte cómo se debe llevar a cabo la consulta del Artículo 6 y 15 del Convenio.

Esta ausencia de reglamento ha favorecido la incorrecta, ilegal y errónea aplicación de la consulta previa promovida por algunas ONG y miembros de la sociedad civil que argumentan trabajar a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Estas iniciativas han limitado a SÍ o No un derecho que es mucho más amplio y que se desarrolla por medio del diálogo en busca de beneficios para los indígenas.

El relajo ha sido tal, que el Estado se ha pronunciado por medio de resoluciones  administrativas dando anuencia para la disposición de sus recursos naturales.  Sin embargo, después de varios años de que los proyectos de aprovechamiento de estos recursos han operado, han sido impugnados constitucionalmente por ONG representando a ancestrales que argumentan que, previo a que se otorgara la resolución administrativa para la realización del proyecto, la consulta no se cumplió. La respuesta de la instancia judicial constitucional, que es el mismo Estado resolviendo, ha dejado en suspenso sus propias decisiones o en el peor de los casos las ha revocado.

Vale la pena reflexionar que solo han sido impugnadas por falta de consulta previa resoluciones en donde hay una empresa privada y proyectos de gran inversión de por medio, ninguna obra, proyecto o actividad que el propio Estado haya llevado a cabo y que afecte directamente a los indígenas ha sido atacada de inconstitucional.

Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la reforma constitucional propuesta?  Pues mucho. Quienes han promovido que se modifique el Artículo 203 de la Constitución para que se reconozca en el sistema de justicia que las autoridades indígenas ancestrales ejerzan funciones de juzgadores de acuerdo con sus propias “instituciones, normas, procedimientos y costumbres” saben que, siendo consistentes con los derechos que ya tienen los indígenas, y de acuerdo con la obligación derivada del Artículo 6, literal a) del Convenio 169 los gobiernos deben consultar a los indígenas ”…cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente…” el subrayado es mío.

La palabra clave de este artículo es directamente. Para efectos logísticos de la hoja de ruta que la reforma constitucional debe seguir, es menester recordarle a los  promotores de la misma y a los diputados que la apoyan, que deben también cumplir con llevar a cabo el proceso de consulta del Convenio 169, previo al referendo general, y la reforma de este artículo, porque les afecta directamente a todos los indígenas. Sin este requisito previo, el referendo se tornaría inconstitucional y sujeto de impugnación por la misma razón que se ha impugnado reiteradamente las resoluciones administrativas sin consulta previa.

Hay que estar vigilantes, pues adicionalmente a los desafíos que plantea esta reforma por excluyente para el gremio de los abogados, asimétrica para los grupos étnicos del país y autoritaria desde su concepción, este artículo en específico tiene su propio reto y es que requiere de consulta previa, libre e informada.

La buena noticia puede ser que finalmente, y por la misma presión de quienes están liderando la reforma, se logre la promulgación del reglamento específico para la realización de la consulta previa, pues como
ya está expuesto, sin esta consulta el referendo y por consiguiente la reforma serian inconstitucionales.

Sociedad de Plumas es una red de colaboradores comprometidos con promover en las páginas editoriales el balance, el contraste y la propuesta constructiva.


2016-12-11

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    Lauriano Teletor Cannin

    2016-12-11 09:17:34

    A COMO PLANTEEN ESA PRETENSION DE CREAR UNA DOBLE JURISDICCION INCLUYENDO LA JUSTICIA INDIGENA, EL PUEBLO QUE ES EL SOBERANO LES DIRA QUE NO, NO Y NO. Porque nuestra Constitución manda que todos debemos ser tratados con igualdad ante la ley, y en congruencia reconoce la jurisdicción única. Empero, pretender ahora crear una doble jurisdicción incluyendo una solo para los indígenas, eso es totalmente inconveniente al interés de concordia, fraternidad e igualdad ante la ley. Pues, como es eso que unos, la gran mayoría quedemos sujetos a la jurisdicción ordinaria, que impone penas mas severas, y otros, los indígenas queden sujetos a su propia jurisdicción, la cual no reconoce la pena de prisión y las aplicables son normalmente de indole reparatoria, pecuniaria y de castigos físicos. ESO, A LA LUZ DE LA VERDAD, ES TOTALMENTE INCONVENIENTE. Espero que los diputados tengan la suficiente sabiduría para entender que crear una doble jurisdicción es totalmente perjudicial a los intereses de nuestra sociedad, pues en vez de fortalecer debilitarían los lazos de concordia, fraternidad, paz y nacionalismo que tanta falta nos hace. CUALQUIER CHAPIN CON DOS DEDOS DE FRENTE SABE, que, detrás de las dis que autoridades indígenas están lideres negativos que en el pasado reciente formaron parte de los grupos de delincuentes subversivos que azolaron nuestro país, y motivaron ese baño de sangre entre nuestros paisanos, y todo por haberles envenado la mente con ideologías foráneas que en vez de conducirnos a la prosperidad nos han hundido cada dia mas en el subdesarrollo humano, económico y social. QUIERES AHORA NOS GOBIERNAN NO DEBEN SER TAN MALVADOS, COMO PARA RECONOCER LA JURISDICCION INDIGENA Y HEREDARLES A NUESTROS DESCENDIENTES UN PAIS DIVIDIDO Y ODIANDONOS ENTRE HERMANOS.

    El Illuminati

    2016-12-11 01:31:36

    Mucho bla, bla,bla compita. Lo que debemos propugnar es porque se incluya en nuestra legislación la Justicia Indígena Ancestral y punto. Qué convenio 169 ni qué ocho cuartos!!!!!!

    fco lopez hurtarte

    2016-12-11 02:42:43

    LA SOCIEDAD DE PLUMAS Y SUS PLUMAS COMPROMETIDAS CON LOS GRUPOS EMPRESARIALES. La inclusión del derecho indígena al sistema formal de justicia es impostergable. En principio para reconocer todos aquellos derechos como grupos originarios a los cuales, históricamente, han estado relegados. Particularmente cuando de reconocer los derechos a la tierra se refiere. Y en especial ahora que las familias millonarias de este país han dejado la cuidad como fuente de riqueza, volviendo a la tierra para explotarla con Monocultivos, Hidroeléctricas y Minería, negocios de utilidades exponenciales en los que las comunidades indígenas DEBEN de tener un mínimo de participación de 50 por ciento. AFORTUNADAMENTE, una muy interesante columna de opinión escribe hoy Jorge Mario Rodríguez, en elPeriódico, con muy buenos argumentos —en contraste con esta Sociedad de Plumas patrocinada por el CACIF— donde argumenta por qué es urgente el Pluralismo Jurídico en el sistema legal y judicial de Guatemala.
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