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Cartas

Un perverso fin político


César Leonel Mejía Rodríguez / DPI 1876 03146 0101

Finalizó el contrato de la empresa que imprimía el Documento Personal de Identificación (DPI) a la ciudadanía, en el Registro Nacional de las Personas (Renap). Sin embargo, desde tiempo atrás, se han observado múltiples problemas para entregar su identificación a los ciudadanos. De esa cuenta, faltan todavía varios cientos de miles de Documentos por entregar. Igual, en la Dirección General de Migración también se observa una tardanza injustificada y la falta de entrega de Pasaportes a los solicitantes. También la empresa que imprimía los pasaportes terminó su contrato y hay múltiples problemas, como que no extienden pasaportes a los guatemaltecos radicados en el extranjero y a muchos connacionales que están en el país. Como vemos, estos problemas son una limitación seria, no solo para la identificación, sino para el ejercicio de los Derechos civiles y políticos. Una persona puede no encontrar trabajo o no casarse, por no tener DPI. Igual, otra persona puede perder la oportunidad de algún trabajo o de estudio en el extranjero, por no tener pasaporte. Es una terrible e injustificada negligencia de las autoridades. Pero esto tampoco es producto de la casualidad. Sin duda funcionarios, coludidos con particulares, están evitando entregar documentos a los ciudadanos, para que estas personas no puedan ejercer sus derechos políticos. Están creando de esta manera, una especie de subregistro. Con el incremento de ciudadanos debidamente inscritos y empadronados, el Congreso de la República debería tener más diputados, por ejemplo. O las Corporaciones Municipales podrían tener más concejales. Pero a propósito tratan de evitar que los ciudadanos se inscriban. No solo les quitan la identidad, sino la representación política ante los órganos. Demando a la Procuraduría General de la Nación, al Procurador de los Derechos Humanos, a la Contraloría General de Cuentas y al Organismo Judicial que investiguen qué ocurre con la emisión de DPI y Pasaportes. Si hay corrupción o anomalías, que se capture y se procese legalmente a los responsables. No podemos permitir que nos dañen política y socialmente de esta manera.


2017-3-9

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