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Opinión

Investigación de financiamiento electoral en Brasil



EDITORIAL

2015-10-8


El Tribunal Superior Electoral de Brasil, que ejerce jurisdicción electoral y tiene la potestad de investigar el financiamiento político ilícito, abrió una investigación, a petición de la oposición política, sobre presuntas anomalías e irregularidades en las cuentas de la campaña presidencial de 2014 del oficialismo, que postuló como candidatos a Presidente y Vicepresidente de Brasil a Dilma Rousseff y Michel Temer, respectivamente. El resultado electoral, por un estrechísimo margen, dio como ganador al binomio oficialista, extremo que fue sorpresivo y no tuvo otra explicación que los multimillonarios “programas clientelares” del Gobierno.

Conforme la ley, el Tribunal Superior Electoral de Brasil, después de agotar la investigación, puede sancionar al oficialismo mediante la imposición de una multa hasta, incluso, remover de sus cargos de presidenta y vicepresidente a Rousseff y Temer.

La gestión gubernativa de Rousseff y Temer también se encuentra bajo la lupa, ya que se está llevando a cabo un análisis de las cuentas del Gobierno de 2014 por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que podría redundar en la desaprobación de las cuentas por supuestas maniobras fiscales para maquillar las cuentas públicas (llamadas “pedaladas” en Brasil). La posición del oficialismo también se debilitó en el Legislativo debido, en gran medida, a los escándalos de corrupción, especialmente aquellos relacionados con la estatal Petróleo Brasileiro, S.A. (Petrobras), así como a la ralentización de la economía brasileña.

En Guatemala, el Artículo 21, literal g) del párrafo cuarto, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece: “g) El incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento a las organizaciones políticas conlleva la aplicación de sanciones administrativas o penales que determine la ley, así como la eventual cancelación de la personalidad jurídica de la organización respectiva”; por tanto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), al igual que en Brasil, debe sancionar la infracción de normas que regulan el financiamiento electoral, como por ejemplo excederse del límite máximo fijado para gastos de campaña electoral o aceptar financiamiento electoral ilícito.

Sin embargo, el TSE no contabilizó en su totalidad los gastos en propaganda anticipada (precampaña) de los partidos Lider, UNE y PP; y, por ende, no los dedujo del límite máximo de gastos de campaña de cada uno, con lo que los favoreció injustamente en detrimento de los otros competidores que sí se ajustaron a las reglas del juego. El TSE tampoco reaccionó ante la grave imputación de financiamiento electoral ilícito que hizo la CICIG contra el partido UNE. De hecho, esta organización política está en la contienda de segunda vuelta haciendo gala de una insultante propaganda masiva. ¡Aló TSE!


EDITORIAL

2015-10-8

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